Funcionarios y varias ONG ambientalistas denuncian que la operación es riesgosa y que no se hicieron controles de seguridad. Acusan al Gobierno de “apurar” el ingreso. Se trata de la primera de una serie de importaciones destinadas a paliar la crisis energética.

Una fuga o un error humano –una chispa, un cigarrilo, nada imposible– serían suficientes para crear una atmósfera explosiva y hacer desaparecer a una ciudad entera, en este caso, Bahía Blanca. A sólo siete kilómetros, en el puerto de Ingeniero White, dentro del polo petroquímico local, un buque metanero de bandera belga, cargado con 138 mil toneladas de gas licuado –congelado–, está efectuando una operación de altísimo riesgo. Vaporiza el fluido para inyectarlo luego a la red de distribución de gas nacional y lo hace contra aquello que postulan las normas internacionales de seguridad: que un proceso de tal envergadura debe realizarse off shore.

Los responsables directos de la maniobra son el gobierno nacional, a través de Enarsa, y Repsol YPF. El Excelsior, una nave ultramoderna, amarró en el puerto de White el 5 de junio. Lo hizo entre polémicas. Los vecinos denuncian que no se hicieron los controles correspondientes, que se autorizaron los permisos de ingreso de la nave con sospechosa velocidad y temen por lo que pueda pasar.

“Esto es consecuencia de la imprevisión del gobierno nacional, que se empecinó en ocultar la crisis energética, y ahora importa a las apuradas este buque porque llegó el frío y crece la demanda de gas. Pero también de la obsecuencia del gobierno provincial. El muelle está muy cerca de las casas”, dice el diputado provincial por la Coalición Cívica, Jaime Linares. “Las operatorias con metaneros son una solución cuando se hacen seriamente. Pero acá hay un riesgo. El barco amarró en un puerto que tiene mareas muy amplias”, explica. Como Linares, hay varios vecinos enojados y en estado de asamblea. Quieren explicaciones que por ahora nadie les da.

“Hay una necesidad de gas, pero eso no quiere decir que no haya control. El Gobierno impuso que este barco tenía que llegar y un día el buque apareció sin ningún análisis de riesgo. Cuando los organismos locales lo auditaron, descubrieron deficiencias”, explica Hernán Zerneri, titular de la ONG ambientalista 20 de Agosto.

En la rotonda de entrada a Ingeniero White, un cartel de bienvenida proclama: “Fuera el buque”. “El riesgo es alto –explica Zerneri–, el gas viene congelado a menos de 160 grados centígrados. Una fuga podría ser tremenda. Repsol dice que hizo estudios, pero son de impacto ambiental, que no es lo mismo. Nosotros pedimos estudios de riesgo agudo, que nos digan qué posibilidades hay de que ocurra un accidente grave y cómo harían para mitigarlo.”

El Excelsior llegó en el marco de una importación de gas pensada como paliativo para la crisis energética. Sólo su alquiler costó 150 millones de dólares. Recibirá, además, la carga de otros cuatro buques que anclarán a su lado desde ahora y hasta agosto. El procesamiento de ese gas le costará al país quince millones de pesos por día, siete veces más que el costo del fluido nacional y más del doble del costo del gas que antes se compraba a Bolivia. ¿Problema resuelto? La compra apenas alcanza para cubrir sólo el 10 por ciento de la demanda local. Los entendidos dicen que era eso o la nada, o peor: el frío en las casas, la parálisis industrial. Pero nadie evaluó el riesgo humano de la maniobra.

Por esto, la fuerza vecinal Integración Ciudadana presentó un recurso de amparo ante el juez federal Alcindo Álvarez Canale. “Por más voluntad que haya, este proceso de investigación no va a terminar antes de que pase el invierno, y para entonces el barco ya se habrá ido. Pero sabemos también que la operación va a repetirse el año que viene”, dice Zerneri.

En la Municipalidad de Bahía, en tanto, aseguran que todo está bajo control. Para el subsecretario de Gestión Ambiental, Sergio Montero, todo el conflicto es por falta de información. “Impacto ambiental no provoca y riesgo de accidente no hay”, aclara. Y vuelve a aclarar: “Nadie está acá en Bahía Blanca contra el desarrollo industrial, pero hay una tradición de controles ambientales y los vecinos están enojados porque no se cumplieron como es debido. Nosotros, como gobierno, lo objetamos. Pero la decisión estaba tomada”.

LA EXPLICACIÓN. El ingeniero Fernando Rey Saravia es titular del Centro Técnico Ejecutivo de Ingeniero White, algo así como el jefe de la policía ambiental que controla la actividad de las industrias dentro del Polo Petroquímico. La semana pasada dio una charla para los vecinos enojados de White que ven en ese buque la figura de una amenaza. Quiso explicar que a pesar de todo, el proceso de regasificación se está cumpliendo con medidas de seguridad tan correctas como sofisticadas. Pero no logró hacerlo correctamente: se fue silbado.

Ahora está sentado en su despacho, más calmo. “La gente tiene miedo. Es entendible. La decisión de instalar el barco regasificador, con una tecnología muy nueva en el mundo, en una zona cargada de inventarios químicos e hidrocarburos, muy cercana a las áreas pobladas, generó una fuerte reacción de la comunidad.”

Rey dice que en la Argentina, otra vez, no existe legislación que establezca pautas para un proyecto de tal envergadura. Enumera: “Ninguna norma dice que deben realizarse análisis de riesgo, establecerse zonas de exclusión, evaluar el riesgo aceptado o lo que se dice carga de fuego. Además pocas veces se han utilizado estos conceptos a los efectos de considerar instalaciones industriales que pudieran ocasionar ya no daños a los trabajadores sino daños graves a los ciudadanos de comunidades cercanas”.

Debido a esta carencia, apenas supo que el barco estaba en camino, solicitó estudios que contemplaran las hipótesis de máxima gravedad basados en la normativa internacional. “Pero la premura con que sobrevino la crisis de gas en nuestro país obligó a llevar adelante el proyecto sin completar esos estudios”, remata. “El análisis de riesgos presentado no cuantificó rigurosamente todas las hipótesis. No se confeccionó el árbol de eventos para evaluar con las probabilidades de ocurrencia. No se listaron para cada evento cuáles son las medidas mitigatorias o de control. No se detallaron los tiempos de respuesta de las medidas mitigatorias para cada evento. No se consideró el evento más catastrófico. No se hizo un análisis de vulnerabilidad fuera de los límites de la planta. En definitiva, si me lo preguntás, hubiera preferido que el buque no viniera. Pero era eso, o si no, la falta de gas durante el invierno.”

Rey concluye: “El nivel tecnológico es alto pero la experiencia acumulada en la operación de buques de este tipo en un muelle de interior de puerto es muy baja. No se comunicó con suficiente antelación y claridad el objetivo y alcance del proyecto, y es por eso el natural rechazo de la población. Esa celeridad aumentó la desconfianza”.

Ahora, parecería que para todo es tarde. Ni Enarsa ni Repsol dan más explicaciones que las del folleto que ilustra la operación. Y el metanero opera en un muelle que jamás recibió una nave tan grande. Otros denunciantes, como Guillermo Fidalgo, de la ONG Hermana Tierra, remarca que no hay que olvidar el riesgo biológico. “En el estudio de impacto ambiental que aprobó la provincia hay falencias. El buque se encuentra a metros de una colonia de aves en peligro y el ruido las puede afectar. Tampoco se habla sobre la ruta del buque, que es una ruta donda hay delfines y tortugas marinas. Nada de eso está comtemplado. Pero claro, si no fue contemplada la comunidad, mucho menos habrán pensado en la fauna.”

“No se respetaron las instituciones”

La llegada de embarcaciones que abastecen de gas natural licuado continúan generando malestar en el seno de las instituciones de la ciudad.

Se evalúa por un lado la necesidad imperiosa de aportar al sistema nacional un volumen de gas natural que permita paliar la crisis energética y contener la demanda creciente del sector industrial. Por otro, se cuestionan los fondos públicos comprometidos por la estatal petrolera argentina Enarsa S.A. para financiar la llegada de los buques con sus cargas respectivas, que rondarían, según estimaciones, los 15 millones de pesos diarios.

Pero en el ámbito local, las ONG ambientalistas y sociedades de fomento han hecho sentir su reclamo por la rapidez con que se ha llevado a cabo el proyecto de regasificación sin contar previamente con opiniones calificadas de los organismos vinculados al control medioambiental de las grandes industrias del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, ni menos aún, de las ONG y otros actores interesados. La comunidad no tuvo posibilidad de participación en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y tampoco se cumplió en tiempo y forma con el requisito de una audiencia pública, que finalmente se realizó a 10 días de la llegada efectiva del buque Excelsior. El resultado de este cúmulo de errores quedó de manifiesto en el bajo nivel de contenido de la documentación aportada y en el subjetivo análisis de riesgo presentado por Repsol YPF, que descartó de plano algunos escenarios e hipótesis que no convenía develar a la comunidad, tal vez porque sus resultados no favorecían demasiado a la percepción del nivel de seguridad de la operatoria que manifestaba la propia empresa. Como conclusión, nos queda decir que no se respetaron las instituciones, poniendo de manifiesto, una vez más, la imprevisión para planificar las políticas públicas, afectando y generando incertidumbre en la comunidad y en los propios industriales.

Lunes, 30 de junio de 2008