Corrientes (28-11-16): Un principio de incendio se desató antes de ayer por la maña­na en el Ministerio de Ha­cienda y Finanzas.El foco ígneo tuvo epicentro en la Dirección General de Ren­tas (DGR), médula del orga­nismo económico de la pro­vincia. Curiosamente el pasado miércoles se efectuaron mudanzas de miles de carpetas con documentaciónes del ministerio de economía. Esta situación vendría relacionada con la investigación por el desfalco efectuado por la pavimentación de la ruta 40, la cual fue licitada a una empresa de Lázaro Báez, pero quien se encargaba de las certificaciones y justificar los mayores costos era Vialidad Provincial, todo ello durante el gobierno de Ricardo Colombi, en la cual el ente provincial certificó obras que no se efectuaron y mayores costos por más de $ 100 millones, constituyendo un estafa escandalosa que involucra justamente a Ricardo Colombi.

Una puerta que da hacia la calle Salta terminó rota para que los bomberos entraran de manera rápi­da a las oficinas de donde provenía el humo negro, también unos cristales del edificio gubernamental terminaron rotos. Extraño, el pasado miércoles unos ordenanzas iniciaron una mudanza hormiga de miles de expedientes extraídos de la dirección (Sisper) donde se realizan los cómputos para la liquidación salarial de toda la administración pública.

“Todo lo que hace a in­formación, base de datos, sistemas y procesos está debidamente resguardado; así como también está re­plicado en las oficinas del Centro Integral de Atención al Contribuyente (CIAC) que funciona por aveni­da Pujol (2330)”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz To­rres sobre lo acontecido en su cartera. En ese mismo lugar el 10 de mayo pasa­do, varios efectivos de Pre­fectura habían llegado con una orden de obtener do­cumentación sobre la obra de pavimentación que de­bió hacer la empresa Bian­calani. La firma propiedad del empresario kirchnerista Lázaro Báez tuvo la adju­dicación de pavimentación de la Ruta Provincial 40, vía principal para acceder a los Esteros del Iberá. Luego de momentos de nerviosismo, los uniformados se llevaron algunos documentos. Idén­tica tarea la cumplieron en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

En la causa judicial fede­ral que investiga el cobro de ese pavimento nunca hecho, se sospecha que la empresa cobró unos $100 millones.

Lunes, 28 de noviembre de 2016