Corrientes (1-6-17): El intendente Fabián Ríos, candidato del PJ a renovar su mandato, les advirtió entrelíneas a sus Fiscales, la posibilidad de anormalidades en las elecciones del próximo domingo. Una encuesta realizada a pedido de las autoridades del Banco de Corrientes y empresarios locales, le otorgan una diferencia de 7.5, al actual jefe comunal sobre el radical Eduardo Tassano, aunque parecen irreversibles, el poco optimismo de Encuentro por Corrientes (ECO), radica en que Ríos ya habría tocado su techo.

Asimismo fuentes ligadas a la contienda electoral, a la que el gobernador la catalogó de “guerra”, hicieron filtrar la existencia de una orden de Ricardo Colombi de aplicar acciones fraudulentas, antes, durante y después del acto electoral. El eje de la maniobra: el Registro Civil, la propia Justicia Electoral, y la Policía local, la que ayer llamativamente se vio beneficiada por ascensos.

Se habría determinado que en las mesas donde pueden aparecer resultados muy acotados a favor del postulante peronista, los fiscales de ECO deben pedir la nulidad o recurrir la totalidad del sufragio, resultado que después deberá ser definido por la Junta Electoral controlada por el oficialismo gobernante. La idea de ingresar boletas apócrifas de “Haciendo por Corrientes” en los cuartos oscuros (retirarían las originales), estaría dentro del esquema armado para posteriormente provocar la nulidad de la votación.
Una semana atrás se supo de posibles planillas mellizas con rubricas adulteradas de fiscales de mesa, gracias a las firmas electrónicas en los nuevo DNI almacenadas en un software que controlan organismos oficiales (Registro Civil), hoy bajo la conducción de ECO-Cambiemos, generaron las primeras sospechas. La caída de la BUE (Boleta Única Electrónica) por un fallo de la Cámara Electoral, integrada por juezas ligadas al partido gobernante, fue el primer síntoma de que las cosas, no serían del todo normales en los comicios del 4 de junio.

También sumaron las dudas, el control de las mesas de votación por jóvenes de la Franja Morada, brazo universitario del radicalismo, quienes presidirán la mayoría de ellas. Asimismo se instrumentaría el voto calesita a través de los uniformados destacados en cada Escuela. Si bien el PJ exigirá la lista de los policías que trabajaran en cada Escuela, todos están habilitados a sufragar en cualquier mesa. La idea es que los integrantes de las fuerzas de seguridad voten varias veces en distintas escuelas, como ya lo hicieron en elecciones anteriores.

AQUELLA VEZ

Ahora un tanto más aceitada la estructura justicialista, intentará frenar lo que parece una maniobra sin precedentes como ocurriera en las elecciones de octubre de 2001 cuando Ricardo Colombi fue electo por primera vez, y más de 8.000 DNI, no fueron utilizados por sus verdaderos dueños. Aquella vez la usaron personas distintas, luego que el Registro Civil a manos de la Intervención Federal de Ramón Mestre (ya era Ministro del Interior) y Oscar Aguad (delegado nacional), les suministraran los documentos a miles de falsos sufragantes, pero que emitieron votos válidos, provocando el triunfo del entonces Frente de Todos en segunda vuelta.

El recuento de votos

El recuento de sufragios, controlado por la Junta Electoral adicta al gobierno, también es la clave para la alianza que lleva la candidatura del cardiólogo Eduardo Tassano como Jefe comunal. El dato más llamativo, ya partió de la cantidad de colectoras que impulsan un sinnúmero de candidatos a concejales, algo que la debilita en la posibilidad de conseguir más bancas en el cuerpo deliberativo. No hay dudas que lo más importante para ECO-Cambiemos dentro de la estrategia electoral, es el grado de confusión en el recuento definitivo de votos. Allí, donde cada impugnación, siempre es definida por jueces afines al radicalismo, partido responsable de sus designaciones.

Juezas que pueden definir

El control 100% de la justicia electoral de Corrientes desde el poder político de la UCR, es el primer botón de muestra.

Las tres camaristas tienen cerrados vínculos con el Poder Ejecutivo. María Herminia Puig, fue en principio jueza electoral de primera instancia sin cancelar su ficha de afiliación hasta bien iniciada sus funciones. Está casada con un funcionario del gobierno y ex concejal del radicalismo (Claudio Polich). Nidia Alicia Billinghurst de descendencia radical. Su esposo el empresario Jorge Braun, tiene negocios directos con el Estado provincial. Marta Altabe de Lertora, su marido de condición ingeniero, es dueño de una empresa constructora que le realizó obras al Poder Judicial. Este trinomio de magistradas redactó el fallo que evitó el uso de la BUE en las elecciones municipales, sistema impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, con la idea de evitar fraudes electorales dándole más seguridad a la votación del ciudadano.

Jueves, 1 de junio de 2017