Corrientes (7-7-19): El proyecto tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados y promueve que toda persona humana y jurídica pueda solicitar y recibir información pública. La propuesta se presentó luego de un pedido de 13 entidades. La propuesta, de autoría de Any Pereyra, fue remitida a la Comisión de Legislación.


Tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Corrientes un proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional de Derecho de Acceso a la Información Pública. La iniciativa ingresó tras el pedido formal que realizaron 13 entidades al Gobierno Provincial.

El proyecto es de autoría de la diputada por el oficialismo Any Pereyra (Partido Liberal). Tomó estado parlamentario el pasado miércoles y el proyecto se remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presidida por el también integrante de Encuentro por Corrientes (ECO), Marcelo Chaín (Unidos por Corrientes).

La iniciativa ingresó al cuerpo luego de un pedido que realizaron 13 entidades, entre ellas, gremiales, profesionales, civiles, religiosas, entre otras, de puesta en vigencia la Ley de Etica Pública, como así la adhesión provincial a la Ley Nacional N° 27.275, y el cese de las intervenciones en entes autárquicos.

En su artículo N° 1, el proyecto promueve la adhesión provincial a la ley nacional. En el segundo, establece un plazo de 180 días para su reglamentación, tras su sanción. En el tercero, se deroga expresamente la Ley Provincial Nº 5.834 de Acceso a los Documentos Administrativos ya que se considera no permite un acceso pleno a la información pública debido a que en su artículo 4º señala que el pedido debe estar fundado.

“El concepto moderno de acceso a la información y participación ciudadana debe buscar garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder de cualquier organismo, empresa o sociedad estatal, así como del resto del universo de instituciones que reciben fondos públicos o brindan servicios públicos esenciales”, expresa el proyecto en sus fundamentos.

“El Derecho de Acceso a la Información Pública es un tema instalado en la agenda pública y sin dudas considerado de alta sensibilidad y preocupación para grandes sectores de nuestra comunidad”, indica la propuesta. “Como legisladores, tenemos la obligación de sustentar los reclamos sociales y en relación a la temática el deber de bregar por el fortalecimiento de nuestras instituciones, la transparencia y el debido funcionamiento de los órganos de control de todos los poderes del Estado”, sostiene.

“Para ello es necesario contar con una ley de acceso a la información pública para que junto a la política de gobierno abierto tengamos un Estado transparente y abierto a la colaboración”, expresa la iniciativa.

“Existe calidad institucional cuando se garantiza el acceso a la información pública promoviendo con ello la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el control de los actos públicos de gobierno, y fundamentalmente el ejercicio de otros derechos como el derecho a la educación, la salud, la vivienda, entre los prioritarios para la sociedad correntina”, prosigue. Y recuerda que la modernización, la seguridad jurídica y la calidad institucional fueron mensajes del gobernador Gustavo Valdés ante la Asamblea Legislativa.

La iniciativa señala que “el Derecho de Acceso a la Información Pública está amparado por el artículo 28 de la Constitución provincial”, ya que permite a “los ciudadanos, saber cuál es el marco legal en el que ejercen su derecho donde residen”, y “al Estado provincial, mejorar sus herramientas de transparencia y nivelar hacia un estándar de alta calidad institucional”.

La Ley Nacional Nº 27.275 tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.
Se funda en los principios de transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación, y buena fe. La normativa, además, señala que “toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.

Actualmente, Corrientes no cumplimenta con todos los principios que establece la ley nacional. En el caso del Boletín Oficial, por el momento, están disponibles únicamente las publicaciones de este año.

Domingo, 7 de julio de 2019