Bs. As. (27-12-19): Pretenden que cada argentino pague el mismo precio neto por un kilova­tio de luz, independientemente de la zona del país en la que viva. El Gobierno nacional de­cidió abrirles el juego a los gobernadores para diseñar en forma conjunta la polí­tica energética y barrer con gran parte de los esquemas heredados, pero también compartir el costo político de aumentar tarifas.



El presidente Alberto Fer­nández instruyó al secreta­rio de Energía, el misionero Sergio Lanziani, a avanzar con los ministros provincia­les. El Gobierno pretende que cada argentino pague por un kilovatio de luz el mismo precio neto, inde­pendientemente de la zona del país en la que viva.

Este diseño y la apertura a los gobernadores comenza­rá hoy. Lanziani se reunirá en Buenos Aires con los mi­nistros de Energía de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En el país hay 33 empresas distribuidoras de electricidad, cuyas tari­fas están determinadas por los gobiernos provinciales. La conformación de las fac­turas es distinta en cada ju­risdicción, básicamente por los impuestos y contribu­ciones. En ese escenario, el denominador común que se buscará es la desindexación de los precios de distribu­ción.

Es un objetivo de com­plejísima implementa­ción debido también a los diversos costos de producción de la electri­cidad dependiendo de la fuente de la que provenga (eólica, solar, hidráulica, nuclear o térmica). Por ello, podría ponerse en marcha una equiparación por la vía de subsidios, a partir de una redistribución.

La Revisión Integral de Tarifas fue habilitada por el Congreso vía Ley de Soli­daridad y Reactivación Pro­ductiva, y tiene como eje un exhaustivo análisis de los costos de producción.

El desafío a encarar con las provincias es determi­nar incrementos paulatinos sin afectar a las inversiones.

Es que entre los objeti­vos de inversión estableci­dos por el Gobierno, según confiaron fuentes oficiales a este diario, está el tendi­do de nuevas líneas de alta tensión. Esto se debe a que el macrismo desactivó los proyectos que estaban en marcha en 2015 y no pro­gramó nuevos. Y, como el Gobierno prevé un rebote de la actividad económica, se necesitarán redes más amplias y robustas.

La ley sancionada por el Congreso establece que la revisión “propenderá a una reducción de la carga tari­faria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”. Y faculta al Poder Ejecutivo a intervenir ad­ministrativamente el Entre Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por el término de un año.

El directorio del Enre está compuesto por cin­co miembros que tienen acuerdo del Congreso. De sus cinco integrantes, dos representan a las provin­cias y son propuestos por el Consejo Federal de la Ener­gía Eléctrica. Actualmente, preside Andrés Chambou­leyron con mandato hasta 2023, pero no seguirá en el cargo.

Con la intervención, Chambouleyron será des­plazado. En la Casa Rosada es señalado como “el padre de los tarifazos”. Asumió el 16 de enero de 2018. Pero desde diciembre de 2015 hasta ese momento fue la mano derecha del entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, como sub­secretario de Coordinación de Política Tarifaria, a cargo de elaborar los cuadros de tarifas del gas y la electri­cidad.

Otro que será desplaza­do será Mauricio Roitman, quien en enero de 2018 fue designado por Macri como presidente del Enargas por cinco años. Al igual que Chambouleyron, llegó al Estado de la mano de Aran­guren en diciembre de 2015 como subsecretario de Es­cenarios y Evaluación de Proyectos de Planeamiento Energético. Lo culpan de que no se haya hecho “ni un solo kilómetro” de alta tensión.

En el Gobierno señalan que el precio promedio de la energía eléctrica aumen­tó 2.176% en el país durante el gobierno de Macri, mien­tras que los salarios sólo se incrementaron 220%. Reconocen que se venía de pisos bajos de tarifas, pero aseguran que el incremen­to fue desproporcionado e incluso señalan que las em­presas no invirtieron como debían.

En ese contexto, en la gestión Fernández admiten que si bien no habrá subas de tarifas hasta el 30 de ju­nio, tampoco se puede vol­ver al congelamiento entre 2004 y 2015 por dos moti­vos: no hay caja suficiente por el déficit fiscal y ese es­quema es “inviable” porque espanta las inversiones

El Gobierno provin­cial a fines noviembre informó la puesta en vigencia del Decreto Nº 3.333, por el cual se crea la Tarifa Social Eléctrica Correntina para “atender a los sectores sociales vul­nerables”. Los benefi­ciarios tienen signifi­cativos descuentos en sus facturas y quienes ya estaban en la Tarifa Social derogada por el Gobierno nacional, ahora accederán a esta medida provincial en la que se incluyen a quienes perciben menos de dos salarios mínimos.

Viernes, 27 de diciembre de 2019