Corrientes (26-2-20): El concejal del Frente de TODOS, Ing. Fabián Ríos, presentó dos (2) denuncias penales contra el intendente Eduardo Tassano por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la sucesión y acumulación de irregularidades, falta de transparencia y violación de normas municipales, provinciales y nacionales cometidas durante la entrega de espacios en las playas públicas para la explotación comercial privada.

Fabián Ríos presentó dos denuncias penales por entrega irregular de playas públicas para construir shopping y boliches

Los escritos judiciales, que ingresaron este miércoles 26 de febrero en la Fiscalía de Instrucción N°1 de la Justicia Provincial, son complementarios a solicitudes de amparo que ya fueron presentadas por organizaciones civiles y profesionales ante el fuero Contencioso y Administrativo y buscan frenar el avance de construcciones de hormigón en los que ahora funcionan confiterías, restaurantes y hasta boliches bailables que se dedican a la venta exclusiva de bebidas alcohólicas; actividades estas últimas que están expresamente prohibida por ordenanza; así como evitar que se concrete una estafa multimillonaria contra el Estado Municipal con la posible construcción de un shopping.

Denuncia penal por la entrega de espacio para público para shopping
En el primer escrito judicial el concejal y ex intendente Fabián Ríos denuncia la firma de un “Convenio Transaccional” suscripto entra Municipalidad de Corrientes y la empresa Hoco S.A. “sin la correspondiente homologación del Concejo Deliberante”; lo que constituye una falta grave.

Cuestiona “las excepciones y autorizaciones irregulares” que la administración de Eduardo Tassano le concedió a la empresa privada para la construcción de un shopping en la playa Arazaty II “sin los debidos estudios de impacto ambiental previos”.

Para el caso del shopping, la denuncia hace especial hincapié en la titularidad del espacio, que la gestión de Tassano y la empresa Hoco S.A. dicen que es privada; deriva de un litigio de expropiación pública y con invocación de derechos que prescribieron hace más de una década.
Se enmarca en un juicio de expropiación inversa iniciado en 2008 por los señores Bayol y cuyo objeto era el pago de una indemnización por el inmueble donde se construyó la Av. Juan Pablo II. Posteriormente, los señores Bayol le cedieron derechos litigiosos a la empresa Hoco S.A respecto de una posible indemnización.

Desde el inicio de ese juicio de expropiación inversa por parte de Bayol en 2008, incluso durante la gestión del ex intendente Carlos Vignolo; la Municipalidad de Corrientes entendió que el derecho y la acción instaurada contra la Comuna había “prescripto” debido a que la Ordenanza que declaró de “utilidad pública y sujeto a expropiación” esos inmuebles, fue sancionada en el año 2000.

Todas las gestiones municipales, desde 2008 a 2017, entendieron el caso en el mismo sentido jurídico: el reclamo que inició Bayol en 2008 y los derechos litigiosos invocados por Hoco S.A; estaban prescriptos desde el momento de iniciar la demanda: los privados invocan un derecho extinto, el planteo fue realizado fuera de término y hace mucho tiempo opera esa prescripción a favor del Estado que expropió esos terrenos para realizar la obra de defensa costera conocida como Costanera Sur.

“Respecto del inmueble donde se pretende construir el shopping y el de calle Lamadrid (donde pretenden construirse un edificio de viviendas), fueron adquiridos por la empresa Hoco S.A muchos años después de que fueran declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, y ni siquiera fueron objeto del juicio de expropiación iniciado en el año 2008 por Bayol”, detalla la denuncia.

El escrito detalla que las excepciones que aprobó la mayoría oficialista de ECO-Cambiemos en el Concejo Deliberante “violan la Ordenanza N°3608/2000 que dispuso declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación total y/o parcial a todos los inmuebles necesarios a los efectos de la ejecución de la prolongación de la Avenida Costanera General Don José de San Martín (Obra Defensa Sur- Ciudad de Corrientes – Licitación Pública Nº 05/00) desde la cabecera del Puente Gral. Belgrano hasta la proyección de la avenida Teniente Primero Ibáñez, y desde la línea de ribera hacia el Este con un ancho de 100 metros”.

Eduardo Tassano es el único intendente, desde 2008 en adelante, que pretende reconocerle a la empresa privada Hoco S.A. un derecho extinto, le “otorgó privilegios” y le “eximió del pago de contribuciones por hormigonado y uso de veredas”, además de “autorizaciones mediante excepciones al código de planeamiento para que construya un shopping en la playa”, señala la denuncia penal presentada por Ríos.

Incluso la porción de playa donde pretenden construir el shopping, “ni siquiera fue objeto del juicio de expropiación iniciada en 2008; por lo que cualquier acción en contra del Estado municipal por la titularidad de dichos inmuebles, no podría prosperar ya que los plazos también se encuentran prescriptos”, agrega la denuncia.

Denuncia por restaurantes y boliches que funcionan en la playa
En una segunda denuncia penal, el concejal Fabián Ríos detalla las irregularidades cometidas por la administración comunal de Eduardo Tassano en las concesiones -sin licitación- de espacios en las playas públicas bajo la figura de “permisos precarios” que facilitaron la construcción infraestructuras de hormigón en las que hoy funcionan paradores, confiterías, restaurantes y hasta boliches bailables que se dedican a la venta exclusiva de bebidas alcohólicas; actividades estas últimas que están “expresamente prohibida por ordenanza”.

Son los casos en que el Ejecutivo Municipal benefició, de manera irregular, a las empresas “Jack Tower S.A.S”, “Live World S.R.L.” y “Ms Holding Group SASU” vulnerando más de 10 ordenanzas y leyes provinciales.

El edil del Frente de TODOS señala que la Carta Orgánica Municipal establece que “es el Concejo Deliberante, por mecanismo de doble lectura, quien tiene la competencia para disponer el uso del espacio público y el otorgamiento del uso de bienes del estado municipal a particulares”; requisito que no se cumplió con las entregas de espacios y construcciones de hormigón en las playas Arazaty e Islas Malvinas.

Ello sumado a que, “en ninguno de los casos mencionados se realizaron estudios de impacto ambiental previo”, no hubo participación ciudadana, hubo “ocultamiento intencional de información pública” y no se les permitió a los concejales acceder a los expedientes en cuestión.

Miércoles, 26 de febrero de 2020