Corrientes (23-3-23): El juicio por la causa “Séptima Brigada”, que involucra a 101 víctimas, debía iniciar en abril y fue postergado hasta el 7 de agosto “por razones de agenda”. Desde el Espacio de Memoria RI9 se exigió al Tribunal Federal de Corrientes realizar el debate oral de modo inmediato y "sin más dilaciones". Por un proyecto del Frente de Todos, la Cámara de Diputados de la Provincia manifiesta su preocupación por el retardo en el inicio del juicio. La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes aprobó este miércoles, en su cuarta sesión del año, el proyecto del Frente de Todos que manifiesta su preocupación por el retardo en dar inicio al debate en el juicio de la causa de lesa humanidad conocida como Séptima Brigada de Infantería.


El juicio debía iniciar en abril, y fue postergado por el Tribunal Federal de Corrientes hasta el 7 de agosto aduciendo “razones de agenda”. La causa resulta de vital importancia para los organismos de derechos humanos y para la sociedad toda, ya que investiga una asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidio durante la última dictadura, e involucra a 101 víctimas.

Desde el Espacio de Memoria RI9 destacaron la declaración y el compromiso legislativo, considerando que "luego de cinco años de instrucción el juez elevó esas investigaciones a tribunal de juicio (en junio del año 2019) y desde entonces tanto las víctimas, familiares y la propia sociedad viene esperando el inicio del debate". El proyecto de declaración fue presentado a través del expediente N° 17518, por iniciativa del bloque Frente de Todos a través de la diputada María Alicia Meixner.

Entre sus fundamentos, la declaración recuerda que la provincia de Corrientes “fue la primera del interior del país en juzgar y condenar por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en la causa conocida como Regimiento 9, en el año 2008”, y en ese sentido, llamaron a “continuar honrando la consigna que todo el pueblo argentino enarbola bajo el lema de Nunca Más”.

El Tribunal Oral Federal (TOF) está integrado por el juez natural Fermín Ceroleni y los subrogantes Juan Manuel Iglesias, de Chaco, y Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, quienes dispusieron que el juicio se realizará los días 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de agosto de 2023.

Ante esta situación, desde el Espacio de Memoria RI9 volvieron a exigir al TOF que se realice el debate oral de manera inmediata y “sin más dilaciones”, con el objetivo de que fiscales, testigos y familiares de las víctimas puedan "sostener en el ámbito de su competencia lo que el pueblo argentino desde hace 40 años grita en las calles: Nunca Más".

"Con tamaña decisión se vuelve a exponer ante la sociedad que la impunidad sigue siendo un problema que atraviesa tanto el sistema judicial de nuestro país como también la institucionalidad democrática argentina", reiteraron, considerando que “tanto imputados como víctimas son personas mayores, algunas de ellas incluso ya no están vivas, en algunos casos -el de los genocidas- no podrán enfrentar su responsabilidad ante los hechos, y las y los que padecieron ese calvario tampoco lograr la reparación estatal, por medio de una condena justa”.

La causa

Se trata del décimo juicio que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante la última dictadura cívico - militar. Puntualmente, en esta oportunidad se investiga la existencia de una asociación ilícita acusada de cometer privaciones ilegítimas de la libertad, torturas e incluso un homicidio.

Los imputados son: Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, quienes integraban la subzona Corrientes del Área Militar 231, según la subdivisión dispuesta por la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 para llevar adelante la represión en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Debido al paso de los años, de la nómina de imputados fueron apartados por incapacidad sobreviniente los exmiembros del Ejército Julio Rafael Manuel Barreiro -quien cumple una condena a 25 años de prisión por otro juicio de lesa humanidad- y Cyris Dalmis Marcelo Feu, quien también fuera interventor militar de la provincia.

Además, en el transcurso de la investigación y durante el trámite procesal hasta la elevación a juicio murieron los acusados José Oscar Guastavino, Roberto Romeo Bin, Aldo Solís Neffa, Jorge Levatti y Julio Maidana.

En total, son 101 las víctimas de los hechos investigados, en los que se toma en consideración el circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes, la existencia de centros clandestinos de detención y exterminio de personas, como la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, que hoy funciona como Espacio de Memoria.