Suicidio o asesinato, la muerte del empresario Hernán González Moreno dejó al descubierto una trama de luchas de poder en esta provincia que exceden el terreno de la política e invaden los del periodismo y la Justicia. Elementos concretos permiten establecer lazos entre la causa por la muerte del empresario y otras cinco investigaciones judiciales con tintes escandalosos, en las que los mismos protagonistas se intercambian los papeles de víctimas y acusadores.

Cercano al gobernador radical Arturo Colombi y enfrentado al mandatario electo, el también radical Ricardo Colombi, González Moreno apareció muerto dos días antes de las elecciones del domingo pasado, dentro de su auto, en un campo de su familia, cercano a Goya, con un tiro en la cabeza. Con sólo 28 años, dirigía Agencia Corrientes, una usina de noticias oficialista que distribuía a discreción la publicidad del gobierno provincial, tarea por la que estaba siendo investigado por la Justicia. Además, había denunciado a Ricardo Colombi en una causa de presunto enriquecimiento ilícito.

Pero él era sólo uno de los protagonistas de la historia. Completan el elenco los primos Colombi; José Luis Zampa, director de Información Pública provincial y uno de los primeros en ver el cadáver de González Moreno; Diego Mosquera, ex secretario privado del gobernador, preso por enriquecimiento ilícito; Rodolfo Martínez Llano, ex diputado nacional peronista y dueño del diario El Libertador , y César Sotelo, fiscal general de la provincia, nombrado durante la gobernación de Ricardo Colombi, con quien tiene una relación muy cercana.

Desde un primer momento, el fiscal general vinculó la muerte de González Moreno con su "inminente llamado a indagatoria" en la causa de la publicidad oficial. Y acusó a Zampa -quien antes había relacionado la muerte con amenazas que dijo que la víctima recibía por sus denuncias contra Ricardo Colombi- de haber "armado la hipótesis del suicidio con fines electorales".
Sotelo es, a la vez, protagonista de uno de los casos más llamativos: una causa que comenzó el 1º de mayo del año pasado, con un robo en su casa. Los ladrones se llevaron un plasma, una computadora portátil y dos camisetas del club de fútbol Mandiyú.

Aunque se hicieron numerosos allanamientos e intercepciones de teléfonos y de que la Justicia detuvo a seis sospechosos que siguen bajo arresto, el caso había pasado inadvertido hasta marzo.

DENUNCIA CON MUCHA PRENSA

Entonces, el abogado Walter González Cabañas, un ex diputado nacional peronista que defiende a tres de los seis imputados, acusó a Sotelo de haber "torturado" a los detenidos para recuperar sus pertenencias. Uno de ellos, Karina Maidana, declaró ante la Justicia que el fiscal general la había visitado en su lugar de detención y que le había exigido que le devolviera "la computadora y tres consoladores".

La denuncia contra Sotelo tuvo amplia cobertura en la Agencia Corrientes y en el diario El Libertador, del que Zampa y González Moreno habían sido directores. Los diputados provinciales que respondían a Arturo Colombi reclamaron que González Cabañas declarara en la Legislatura, pero el abogado no fue por temor a ser "utilizado políticamente".

Las publicaciones contra el fiscal general coincidían con el avance de la investigación por la publicidad oficial, en la que estaban implicados Zampa y González Moreno.

En una entrevista que dio al diario de Martínez Llano, en marzo, el fiscal general dijo que el robo a su casa había sido un "atentado político" y que las denuncias en su contra se habían producido un día después de que él le respondiera al gobernador Arturo Colombi, que lo había acusado de manejar la policía.
El propio Sotelo reveló que uno de los detenidos por el robo, Ricardo Caballero, alias "Peti", era hijo de una empleada doméstica que trabajaba en la casa de Mosquera.

Una de las causas por enriquecimiento ilícito contra ese funcionario, que se hizo famoso por ir a declarar con el bolso de sus palos de golf, comenzó en febrero pasado, con una denuncia del propio fiscal Sotelo.

El fiscal general se hizo eco de una nota de 1588 , un diario local de baja circulación, en la que se daban detalles sobre el crecimiento patrimonial del secretario privado de Arturo Colombi. El joven pasó de vender lubricantes para motos en un modesto local de esta capital a adquirir lujosas propiedades y automóviles. Lo acusan también de haber utilizado el avión de la gobernación para viajes de placer.

Antes de hacer la denuncia, Sotelo sabía que la investigación recaería en Buenaventura Duarte, el fiscal que estaba de turno ese día y uno de los dos investigadores que enviaron la semana pasada a Goya para que se sumara a la causa por la muerte de González Moreno. El fiscal de instrucción de esa ciudad, Guillermo Barry, ocupa el cargo en forma interina.
EL PODER QUE VIENE
Cerca de Arturo Colombi, señalan a Sotelo como el más importante representante en la Justicia del gobernador electo.

Durante su gobernación (2001-2005), posterior a la intervención federal, Ricardo Colombi también nombró a los actuales cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia y a un quinto, recientemente fallecido.

Arturo Colombi intentó quedarse con uno de esos lugares el año pasado, con el impulso de un juicio político contra el juez Juan Carlos Codello, tío de Ricardo Colombi. Pero no consiguió los votos suficientes en la Legislatura.

SANGRE Y POLÍTICA

El hallazgo:
Dos días antes del ballottage del domingo pasado en Corrientes, Hernán González Moreno apareció muerto en su auto en una estancia de su propiedad. Tenía un balazo en la cabeza.

Contactos:
A sus 28 años, era un hombre clave en la estructura de poder de Arturo Colombi. Manejaba millones de la publicidad oficial, por lo que era investigado, y había denunciado por corrupción a Ricardo Colombi, primo y rival del gobernador.

Misterio:
En un primer momento, el gobierno instaló la idea de un suicidio y culpó al sector de Ricardo Colombi de haber amenazado a González Moreno. Después de las elecciones que perdió Arturo Colombi, la justicia local empieza a investigar si fue un crimen. Y desliza sospechas sobre allegados al gobernador saliente.

La otra cara:
En la investigación de la causa se mezclan intereses cruzados entre los investigadores judiciales, la víctima y los funcionarios sospechados.

Por: Gabriel Sued Fuente: La Nación

Domingo, 11 de octubre de 2009