Bs. As. (8-4-24): Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó a finales de marzo que diez de los trece trabajadores del área estaban despedidos. Además, el Gobierno planeaba derogar las resoluciones que habían creado.

El Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, fue denunciado internacionalmente por Victoria Montenegro, legisladora de Unión por la Patria, ante la ONU, tras haber dado la orden de desmantelar el área de su cartera que investigaba crímenes de la última dictadura. Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó a finales de marzo que diez de los trece trabajadores del área estaban despedidos. Además, el Gobierno planeaba derogar las resoluciones que habían creado.

Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas se crearon en 2010. Durante catorce años, realizaron más de 170 informes en las causas de lesa humanidad. Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, solicitó la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli. Según Montenegro, “la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad”.

Actualmente, las Fuerzas Armadas deben responder a los requerimientos de la justicia. Esto posiblemente “dé lugar a la aparición de solidaridad con quienes están siendo investigados” Montenegro expresó que “Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”. Además, declaró que desmantelar esa área “impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general”, respecto a conocer la verdad e investigar, juzgar y sancionar de una forma “adecuada” a los responsables.

“La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió Montenegro. Actualmente, hay 17 juicios en trámite y 62 causas con requerimiento de elevación a juicio. Aún quedan por identificar centenares de perpetradores, encontrar restos de las víctimas y restituir las identidades de más de 300 niños nacidos en cautiverio o apropiados en sus primeros meses de vida.

Montenegro y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda de los Trabajadores denunciaron que el gobierno de Javier Milei “busca obstaculizar el avance de los juicios” mientras “llama a la reconciliación” con las Fuerzas Armadas. Miguel Palazzani, fiscal federal, envió un oficio para que Petri se abstenga de tomar cualquier medida que pueda poner en riesgo el acervo documental de las Fuerzas Armadas. “Hay una definición política del presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel de reescribir la historia argentina. Ellos tienen una interpretación de que lo actuado durante la última dictadura fue un enfrentamiento. Es parte de una historia que nosotros como pueblo ya superamos”, concluyó Montenegro.


Lunes, 8 de abril de 2024