Bs. As. (12-4-24): El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, despidió a todo el equipo que estaba a cargo del sitio web que informa sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas. La página cuenta con un cronograma semanal de las audiencias, fichas de todos los juicios que se realizaron durante los últimos 20 años y datos sobre los represores condenados.

Por Ailín Bullentini

“Quiero invitarlos a todos a recorrer la página web “Juicios de lesa humanidad” antes de que la den de baja”, anuncia el mensaje que llega vía whatsapp. El texto se viralizó el miércoles, luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, despidiera a todo el equipo dedicado al sitio informativo oficial sobre el proceso de juzgamiento de genocidas de la última dictadura que funcionaba desde hace tres años. Les cuatro trabajadores integran la veintena de despedides que se cuentan desde diciembre pasado en esta área epicentro de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en donde el ajuste sin precedentes que Javier Milei y su trupe están aplicando es, también, el avance del negacionismo que les guía desde antes de ser Gobierno.

La web juciosdelesahumanidad.ar está online desde mayo de 2021. Con un cronograma semanal de audiencias de los debates orales y públicos activos en todo el territorio nacional, un mapa interactivo con información actual e histórica del proceso de juzgamiento a los genocidas, fichas de todos los juicios de lesa humanidad que se realizaron durante los últimos 20 años y datos sobre los represores condenados, el sitio fue creado para aportar a la visibilización del proceso de justicia sobre el genocidio que sufrió el pueblo argentino durante su última dictadura y es único en el mundo. Había sido relanzado en abril del año pasado, con líneas de entrecruzamiento de datos nuevas y más posibilidades de búsqueda para les usuaries.

Despidos
El primer día de abril pasado, cinco de los seis trabajadores dedicados a mantener actualizada la página web fueron desvinculados de la Secretaría. El quinto sufrió el mismo destino el miércoles pasado. “Simplemente fuimos a conectarnos al sistema con nuestro usuario y contraseña y ya no funcionó. Yo tuve que empezar a rastrear qué había pasado. Mi jefe se hizo el sorprendido, como que había sido un error, hasta que finalmente me confirmaron de Recursos Humanos que mi contrato no había sido requerido para ser renovado”, contó une de elles.

El equipo estaba compuesto por un coordinador, un encargado de actualización de agenda de juicios, una editora, dos trabajadores dedicados a la carga de datos y un ilustrador. Fueron 40 trabajadores despedides desde fines de marzo. La mitad fueron reincorporades –entre elles quienes se dedican al mantenimiento de sitios de memoria–. El diálogo entre los gremios ATE y UPCN y Baños, no obstante, está interrumpido, luego de que la semana pasada uno de sus custodios exhibiera un arma de fuego a trabajadores en protesta y cercaran el ingreso al espacio de memoria que funciona en la ESMA con policías pertrechados.

Invisibilización
La persistencia de la web, sin embargo, no estuvo nunca en los planes de la nueva gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del exjuez Baños. Frente a la imposibilidad de frenar el proceso de juzgamiento a genocidas, la gestión comandada por Milei y Victoria Villarruel apunta a la invisibilización. Cuentan fuentes cercanas al área que las cosas “estuvieron claras” desde el comienzo en el área. Durante las primeras rees con el equipo de Contenidos dentro del área de Asuntos Jurídicos Nacionales, Gabriel Wilkinson, quien funciona como jefe de Gabinete aunque aún no fue designado de manera oficial, planteó que los juicios de lesa humanidad “no tenían que tener publicidad, que eran juicios penales como cualquier otro y que había que mantener la privacidad de las partes”, recapituló una fuente del sector.

En aquellos encuentros también Wilkinson opinó “erróneamente que la Secretaría no debía querellar en los juicios, que su rol se superponía con el de la Fiscalía, algo que no es correcto”, continuó la fuente. Exactamente igual fue el planteo de las defensas de los represores acusados en el juicio de lesa humanidad que se está desarrollando en Córdoba por estos días: allí, les abogados solicitaron al Tribunal Oral Federal número 2 de esa provincia que deshabilita la querella del Ejecutivo nacional. Les jueces podrían haber respondido de inmediato –dar de baja la acusación pondría al Estado argentino en incumplimientos de convenciones internacionales–, pero optaron por dejar la pelota en la cancha del Ejecutivo. Fue el propio secretario nacional que, acorralado, confirmó la querella.

Información y políticas públicas
Durante esas rees Wilkinson solicitó al equipo de Contenidos que presentara un plan de trabajo para la página web que no demoró en llegar: la continuidad de las herramientas existentes –agenda de audiencias, fichas por juicio, base de datos de represores condenados–, mejoramiento en las piezas de comunicación –que sean más específicas y mejor visibles–, ajustar la calidad de los datos en torno al tipo de prisión de cada detenido y a su situación procesal según la edad con el objetivo específico de evidenciar el avance de la impunidad biológica en el proceso.

Nada de esto pudo llevarse a cabo. Por el momento, la web sigue activa, aunque desactualizada. El soporte de datos de la página radica en una base de datos que se trabaja en coordinación con los equipos jurídicos de la Secretaría, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Por el momento esa base de datos no fue eliminada. Sin embargo, su gestión y su traducción en información destinada al público en general, así como su presentación en herramientas visuales que sirvan para diferentes análisis, no es automática. Las líneas de conexión entre la parte judicial de los debates y la parte comunicacional depende pura y exclusivamente de que trabajadores se consulten permanentemente.

Así, el trabajo de quienes mantenían la web sobre juicios de lesa humanidad “tiene que ver con la transparencia de la información pública. Es una obligación para el Estado difundir qué está haciendo para juzgar y condenar a los responsables del genocidio. Hace a la función de un Estado que garantiza los derechos humanos. Es una manera, también, de apuntalar las políticas de memoria, de verdad y de justicia”, explica a este diario una fuente vinculada al área.

Viernes, 12 de abril de 2024