Bs. As. (30-6-24): El torniquete extraordinario que anunció Caputo para secar la plaza de pesos, último intento desesperado de evitar una devaluación, es un reconocimiento del fracaso.



Por Nicolás Lantos

La ley de bases no alcanza: un gobierno sin buenas noticias
Doscientos días más tarde, Javier Milei consiguió aprobar la ley de bases y el acuerdo fiscal. En el camino dejó los seis meses más valiosos de su presidencia, su luna de miel con la opinión pública y el círculo rojo, y dos terceras partes del articulado; asumió compromisos que no puede o no quiere cumplir; amenazó a gobernadores, diputados y senadores; se retorcieron hasta lo irreconocible las reglas procedimentales; se negoció en habitaciones de hotel, en estudios jurídicos y en departamentos privados; sacrificó un jefe de Gabinete; ordenó reprimir una marcha en la que detuvieron sin motivo a 36 personas, de las cuales 5 continúan presas; cambió un voto, el de la senadora neuquina Lucila Crexell, por una embajada en París, y otros, quién sabe cuántos, por cargos, fondos públicos y favores cuya naturaleza, seguramente, no lleguemos a conocer en detalle. ¿Valía ese precio? ¿O pagó demasiado?

La respuesta la dio el mercado financiero el mismo viernes antes del mediodía. Donde se esperaba ganancias, hubo pérdida. Donde se esperaba verde, hubo rojo. Donde se esperaba euforia hubo confusión. El cascoteado ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, junto al independiente titular del Banco Central, su socio Santiago Bausili, improvisaron una conferencia de prensa para sobreactuar compromiso fiscal. La transferencia de la deuda del BCRA al Tesoro equivale a una promesa de mayor ajuste. Hablamos de cifras astronómicas: en mayo el BCRA tuvo que pagar más de 1 billón de pesos en concepto de intereses. Ahora, ese dinero saldrá de la misma caja de la que dependen las jubilaciones, los salarios del sector público, los insumos hospitalarios, el mantenimiento de las rutas nacionales, las transferencias a las provincias y a las universidades y cualquier gasto del Estado nacional. Y deberá saldarse, todos los meses, con superávit.

Es un manotazo de ahogado que, en el mejor de los casos, va a ganarle algo de tiempo a Caputo, al que muchos le ven los días contados en el cargo, a cambio de liquidar definitivamente cualquier expectativa de recuperación de la actividad económica en lo que queda de este año. Que nadie se engañe: esto no era parte del plan de un gobierno que en el verano prometía que a esta altura del año no habría cepo ni brecha y estaríamos transitando, con una economía vigorizada por niveles nunca antes vistos de libertad, la parte ascendente de una V. El archivo para corroborar estas promesas es abundante. El contraste con la realidad se corrobora casi a diario. Ni la calle ni las estadísticas que se leen a diario en el círculo rojo avizoran un cambio de tendencia. El torniquete extraordinario que anunció Caputo para secar la plaza de pesos, último intento desesperado de evitar una devaluación, es justamente un reconocimiento de ese fracaso.

Sucede que los cimientos del programa de gobierno que desplegó desde diciembre están fallando. El superávit por ahora es sólo un ejercicio de creatividad contable. Todavía no se resolvió la deuda con las empresas energéticas, agravada por la decisión de posponer una nueva suba de tarifas. El saldo comercial con los importadores ya superó largamente los 10 mil millones de dólares, contando desde diciembre. La recaudación se cae a pedazos porque se desploma el consumo, el empleo y la actividad. Esta semana el propio Milei puso en duda el bono de 70 mil pesos para más de cinco millones de jubilados, que ya pagaron la mayor parte del ajuste, por “cómo vienen los números fiscales”. Esas inconsistencias meten ruido en el panorama cambiario; en estas condiciones el dólar está demasiado bajo, según coinciden el FMI y los dueños de los silobolsas que se pueden ver desde las rutas argentinas en todo el centro del país, acumulándose como nunca antes.

Las desprolijidades constitucionales que se cometieron en el embate para aprobar la ley de bases comprometen, adicionalmente, los recursos previstos por haber repuesto el impuesto a las ganancias, una fuente de financiamiento al tesoro que, en los cálculos del gobierno, debe aportar cada año casi medio punto del producto bruto. Aprobada dos veces por la cámara de Diputados, pero ninguna por el Senado, esa recaudación sufre una doble amenaza, en los tribunales, donde se impugnará la constitucionalidad del trámite, y en las calles, por parte de sindicatos poderosos que se ven especialmente afectados por la imposición. Los primeros fueron los aceiteros, que comenzaron esta semana un paro en protesta por la sanción de la ley de bases. En la sesión, el diputado Jorge Ávila, dirigente petrolero chubutense alineado con el gobernador PRO Nacho Torres, advirtió: “Apenas tengamos el primer descuento, le vamos a parar toda la actividad del país”.

Será un desafío para los historiadores del futuro explicar el apoyo transversal que obtuvo, en este contexto, la ley de bases, y que permitió que un gobierno casi sin representación legislativa consiguiera los votos para hacer una cantidad de reforma que nunca hubieran logrado otras gestiones mucho más asentadas. Sin dudas el Régimen Especial para Grandes Inversiones, y particularmente los sponsors comprometidos con esa iniciativa (tanto que se tomaron el trabajo de escribir la letra) es una de las razones más poderosas. Algunas gestiones fueron transparentes y a la luz del día, otras transcurrieron por canales menos visibles. El interés en los recursos estratégicos que tiene la Argentina, y ahora se ofrecen con impudicia al mejor postor, excede largamente las oportunidades de negocios para corporaciones privadas locales y extranjeras; también son asunto de interés geopolítico para las grandes potencias.

El alzamiento militar de este miércoles en Bolivia se explica principalmente por la crisis institucional causada por el quiebre entre las dos facciones de la alianza nacional-popular que encabezan el actual presidente, Luis Arce, y su antecesor Evo Morales. Pero sucede en un contexto más amplio en el que no puede soslayarse el factor geopolítico. Sin ir más lejos, el litio fue uno de los móviles principales detrás del golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019, algo que inmortalizó Elon Musk en un tuit celebratorio. “Vamos a dar todos los golpes que tengamos ganas. Jodete”, escribió por entonces el dueño de Tesla, compañía de autos eléctricos que necesitan, para funcionar, baterías de litio. En febrero de ese año, Morales había firmado un acuerdo con un consorcio chino para articular un circuito de extracción y procesamiento con centralidad la empresa pública Yacimiento de Litio Boliviano. En enero de este año, Arce volvió a anunciar un acuerdo similar.

¿Qué pasó en el medio? Es una historia que reveló en 2021 la organización de periodistas de investigación ingleses Declassified UK, especializada en asuntos estratégicos y cuestiones vinculadas a la inteligencia. Sólo El Destape, en aquella ocasión, se hizo eco de la noticia. Tras el golpe, la presidenta de facto Jeanine Añez designó un nuevo director para YLB, Juan Carlos Zuleta, que en su primera entrevista anunció límites a la participación extranjera en la explotación de litio. En la práctica eso hizo volar por los aires el acuerdo con China. En simultáneo, el BID aprobó el financiamiento de un proyecto destinado a “optimizar la exploración del litio en Bolivia (en los salares de Coipasa y Pastos Grandes) usando tecnología británica”. Por esa época, la embajada británica en La Paz financió un proyecto de desarrollo satelital para “optimizar la exploración y explotación de los mejores y más grandes yacimiento de litio en los salares de Copiasa y Pastos Grandes”.

Hay más: en marzo de 2020, cuatro meses después del golpe, la embajada británica y el ministerio de Minería boliviano co-organizaron un seminario internacional para empresas del sector extractivo. Parte del evento fue tercerizado por la compañía británica Watchman. Los documentos a los que tuvo acceso Declassified UK indican que “ofrece servicios para compañías mineras bolivianas que buscan encontrar soluciones win-win para sus controversias con habitantes indígenas o pueblos localizados en el área de influencia de sus actividades”. En su página web exhibe el logo del Foreign Office. Su director asociado, Gabriel Carter, proviene de la industria de la seguridad privada y tuvo otro emprendimiento que daba “apoyo a empresas norteamericanas y británicas que desarrollan proyectos” en Afganistán. Carter también trabajó para Goldman Sachs y, según la publicación, es miembro del Special Forces Club, exclusivo para exagentes de inteligencia y fuerzas de élite.

Otra empresa había comenzado a operar en La Paz en los meses previos al golpe de Estado. Darktrace figura como una compañía de ciberseguridad y se registró el 10 de junio de 2013. Es una fecha llamativa, porque un día antes Edward Snowden, desde el exilio, había confirmado la autenticidad de sus filtraciones sobre los programas de inteligencia ilegal del gobierno de Barack Obama. Según el reporte de Declassified UK, la firma que controla a Darktrace está vinculada a la inteligencia británica y trabaja con personal de inteligencia norteamericano, incluyendo agentes de la CIA y la NSA. En Bolivia fue contratada por la embajada británica para participar en un seminario, en este caso de banqueros. Del mismo evento participó Chatham House, un think tank con base en Londres, dirigido por una ex directora del MI5 y financiado por el Departamento de Estado, el Foreign Office, la Armada británica, British Petroleum y Chevron.

La revelación más sorprendente, sin embargo, es que Londres estuvo involucrado directamente en el financiamiento del golpe contra Morales. Siempre según esta investigación, “la embajada británica gastó ocho mil libras para formar una alianza de organizaciones de la sociedad civil que coordinen un operativo con ciudadanos para ser veedores de las elecciones de 2019. Esa alianza llevó a cabo una encuesta de intención de voto previo a las elecciones, que a su vez sirvió como insumo importante para el reporte de la misión de la OEA que denunció irregularidades en el proceso’”. Además, en febrero del mismo año había financiado con casi 10 mil libras a la fundación Thomson Reuters para entrenar a 30 periodistas en “técnicas de verificación y pre-planeamiento de una cobertura electoral que de información balanceada, precisa y libre de polarización” que también se utilizaron como insumo para la operación mediática e institucional que apoyó a los golpistas.

Para la misma época que en Bolivia se pergeñaba el ataque contra la democracia, a pocos kilómetros de allí, en Jujuy, Mauricio Macri y Gerardo Morales, por entonces presidente de la Nación y gobernador de Jujuy, organizaron la primera Mesa del Litio argentina para “avanzar en los temas que permitan promover las inversiones”. Se conformó allí un grupo de empresarios, legisladores nacionales, funcionarios nacionales y provinciales y lobbistas, que volvieron a verse las caras algunas semanas más tarde, en abril, esta vez en la embajada británica en Buenos Aires. Pero no hay dos sin tres: una delegación de más de ochenta invitados, entre empresarios, funcionarios y legisladores, viajó en mayo, durante tres días, a Londres, invitados por la Cámara de Comercio Británico Argentina. Entre las pasajeras de ese viaje había una joven senadora por la provincia de Neuquén que, quizá, ya por entonces anhelaba una embajada europea.

Domingo, 30 de junio de 2024