Diputados que responden al próximo gobernador presentaron un proyecto que le permitiría renegociar los pasivos provinciales sin el control de la Legislatura. Desde el Frente de Todos calificaron a la iniciativa de “inconstitucional”.

Nada fácil. Así será la sesión de la próxima semana de la Cámara de Diputados. Es que el polémico proyecto de “Corrección Financiera y Fiscal”, presentado por el bloque de legisladores que responden al electo gobernador Ricardo Colombi, contaría con despacho de comisión e integraría el Orden del Día del encuentro parlamentario. La pretensión del futuro oficialismo ya chocó con las críticas de varios detractores, quienes aseguraron que el mismo otorgaría “superpoderes” al mandatario que asumirá el 10 de diciembre.

La situación de las finanzas correntinas no es fácil y se prevé un futuro en lo inmediato complicado. El propio futuro mandatario comentó, en un encuentro con referentes del Colegio de Magistrados, que Corrientes culminará 2009 con un déficit de 150 millones de pesos, que la deuda flotante asciende a 400 millones, que no tiene el presupuesto aprobado y que no cuenta con la refinanciación de su deuda.

La tan mentada transición sólo quedó en la foto que se tomó el gobernador actual, Arturo Colombi, con su sucesor. Tras el único encuentro, Ricardo Colombi afirmó, a los medios de prensa, que dejó un texto con una serie de puntos que deseaba que el Mandatario saliente contestase a la brevedad. Los mismos hacían hincapié en la situación actual de las finanzas correntinas.
Tras aquel encuentro, Ricardo Colombi reiteró en varias ocasiones que no recibió respuesta y que la posibilidad de una nueva reunión se daría sólo si el Gobernador actual acude a la cita con “los números en la mano”.

Ante este incierto panorama, no sorprendió demasiado que los legisladores que responden a Ricardo Colombi intentasen un rápido movimiento en busca de oxígeno para las vapuleadas arcas provinciales. Sin embargo, la iniciativa parlamentaria chocó con algunas críticas que calificaron de inconstitucional a uno de los proyectos presentados.

En la sesión del pasado miércoles, el bloque de Encuentro por Corrientes (ECO), alianza que triunfó en las elecciones del 4 de octubre y que catapultó a Ricardo Colombi al “sillón de Ferré”, solicitó el ingreso “sobre tablas” (es decir, no estaba contemplado el tratamiento de los mismos en el listado de temas a evaluar) de tres proyectos: el de Corrección Financiera y Fiscal, otro que pretende la adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional de Emergencia Pública y en tercero que busca modificaciones en el impuesto inmobiliario suburbano o subrural.

Cuando la diputada Graciela Rodríguez, voz cantante del bloque de ECO, solicitó la incorporación y el pase a comisión del segundo y tercer expediente, no hubo mayores inconvenientes. Sin embargo, al peticionar la inclusión de la controvertida iniciativa, el diputado Armando Aquino Britos solicitó que el mismo no fuera aceptado.

Las “manos levantadas” favorecieron a la postura de los legisladores de ECO, por lo que el proyecto ingresó a la sesión y fue girado a comisión, donde el futuro oficialismo tiene mayoría por lo que el despacho a favor de la sanción del mismo sería un mero trámite. Además, la decisión de los parlamentarios de la Cámara baja fue que se trate “con preferencia” en el próximo encuentro legislativo.

“Este proyecto es claramente violatorio de la Constitución. Significa dotarle de superpoderes al próximo gobernador (por Ricardo Colombi). Es un avasallamiento contra el estado de derecho, nuestra Carta Magna repele este tipo de iniciativas”, se despachó ayer Aquino Britos.

El texto del polémico proyecto señala que, en caso de ser aprobado, se autorizará al Poder Ejecutivo provincial a renegociar las condiciones de las deudas que mantiene Corrientes con el Estado nacional y/o el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Luego apunta que la Provincia podrá acordar la atención del déficit financiero a fin de mejorar el perfil de endeudamiento, las posibilidades de pago y la sustentabilidad económica del Estado correntino.

Quizá la mayor controversia se desató a partir de lo señalado en el segundo artículo que puntualiza que el Gobierno correntino “podrá acordar quitas, esperas, remisiones y novaciones de deudas, tanto de capital como de intereses”. El tercero establece que los nuevos convenios pueden ser garantizados con la afectación de recursos provenientes del régimen federal de coparticipación de impuestos.

“¿Cuál será el sentido de la Legislatura si el Gobernador podrá disponer cómo refinanciar las deudas sin que sea el Parlamento el que respalde tales operatorias?”, comentó Aquino Britos.

Luego recordó que el Artículo 19 de la Constitución Provincial señala que “no debe autorizarse ningún empréstito sobre el crédito general de la provincia, ni la emisión de fondos públicos, sino mediante ley sancionada por dos tercios de votos del total de miembros de cada Cámara. En ningún caso el servicio de las deudas autorizadas debe comprometer más del 25% de la renta anual de la provincia...”.

Para Aquino Britos, se pretende una autorización genérica e imprecisa y aseguró que no hay conocimiento certero de cuál será el monto de la deuda que se renegociará ni la amplitud de la misma (quita, espera, remisión, novación). “Tampoco se sabe si afectará o no el tope máximo establecido por la Constitución (25% de la renta anual de la provincia)”, agregó el legislador radical.

Quizá la mayor crítica está centrada en que, en caso de ser aprobado, la Legislatura no tendrá control alguno sobre las acciones del Gobierno.

“Algunos legisladores dijeron que es como darle un cheque en blanco al Gobierno... no es así... es darle toda la chequera”, comparó Aquino Britos, quien luego agregó que el proyecto afecta al sistema republicano y a la división de poderes.

Por otra parte, el Artículo 15 de la Constitución Provincial señala que los funcionarios públicos no pueden delegar sus facultades. Luego establece que ninguna autoridad contará atribuciones extraordinarias “ni podrá pedirlas, ni se las concederán por motivo alguno”.

“La pretensión de pedir esta autorización para renegociar la deuda es inconstitucional. Significa ceder las facultades de contralor institucional de la Legislatura al Poder Ejecutivo”, concluyó.

Simonetti
Otro de los que se mostró contrario al proyecto fue el senador, que proviene de las filas del Partido Nuevo, Jorge Simonetti.
El legislador dijo que “no se puede endeudar de forma general e indeterminada. Hay que especificar el monto y la forma en que se va a pagar”.

Sin embargo, Simonetti admitió que la Provincia necesita de una refinanciación de la deuda. “Hemos perdido millones de pesos y estamos a punto de quedarnos sin la reprogramación del 2009”, dijo.

“El Gobierno saliente (por el de Arturo Colombi) tiene que expresar los números con mayor precisión para reprogramar la deuda que tendrá que hacer frente la próxima administración”, finalizó Simonetti.

Sábado, 14 de noviembre de 2009