En su sesión de hoy, la Cámara de Diputados tratará un despacho favorable al proyecto de ley de corrección financiera y fiscal, que autoriza al gobernador electo a negociar con la Nación fondos para la provincia. Legisladores del bloque de Encuentro por Corrientes se manifestaron confiados en que el reciente acuerdo “institucional” con el ex presidente Néstor Kirchner, les permita contar con respaldo de legisladores provinciales del liberalismo y del justicialismo que se avengan a sancionar una norma que, en opinión de representantes del Frente de Todos, cede facultades propias del Poder Legislativo al Ejecutivo. El justicialismo quiere poner límite de tiempo a la autorización y dejar en calro que el 50% de lo refinciado sea para subir los salarios.

En el orden del día el punto 8,08 menciona que está listo para su tratamiento el Expediente Nº4944 que contiene el Despacho Nº201 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos que aconseja la sanción favorable sin modificaciones al Proyecto de Ley de Corrección Financiera y Fiscal.

Esto significa que los cambios que el justicialismo propuso no fueron contemplados, por lo menos, hasta que se analizó en la comisión respectiva donde el proyecto fue aprobado con dos votos de tres presentes en una comisión de cinco integrantes.
La diputada radical Graciela Rodríguez dijo que “trabajan en conseguir los consensos para su aprobación”.

Las relaciones “institucionales” que comprometió normalizar el gobernador electo con Néstor Kirchner fueron positivas, consideran en el bloque de ECO. y en eso se apoyan para buscar la aprobación del proyecto de ley que busca mejorar el perfil de la deuda que la provincia tiene con Nación.

El justicialismo propone cambios en el texto del proyecto para poner límite de tiempo a la autorización para negociar la deuda y otros condicionamientos, como el que el 50 por ciento de lo refinanciado sea utilizado para aumentar los salarios de los agentes públicos, docentes, policías y personal del sistema de salud.

Por el lado del Frente de Todos, el diputado Armando Aquino Britos, fue la voz cantante de las objeciones y afirmó sin tapujos que la ley que pretende el futuro gobernador es inconstitucional porque el Poder Legislativo tiene prohibida la cesión de sus facultades. El otro escollo: para ser aprobada, la ley necesita de una mayoría calificada de dos tercios de los votos en ambas cámaras.

Miércoles, 25 de noviembre de 2009