Bs. As. (26-2-25): Todavía al calor de los noticieros televisivos que dan cuenta de la decisión del Gobierno de publicar el decreto que nombrará a los magistrados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat comienza a desgranar, en comunicación con Tiempo, parte del análisis que seguramente en los próximos días se multiplicará por este movimiento de la administración gubernamental. No duda en calificar la acción como “inconstitucional” y señala que tanto el Presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, como el ministro Carlos Rosenkrantz se encontrarán ante un dilema.

Por Gustavo Montiel

El abogado constitucionalista analizó el anuncio del Gobierno de firmar el DNU que designará a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia. El antecedente de Mauricio Macri y “el dilema que enfrentan Rosatti y Rosenkrantz”.

“Mi análisis es que se trata de una medida francamente inconstitucional. Claro que tiene este precedente del gobierno de Macri, que intentó también nombrar en comisión oportunamente a Rosatti y Rosenkrantz. Y lamentablemente, la aceptación de ellos de ser nombrados por decreto y en comisión. Algo que se frenó por una postura enérgica, y yo diría de preservación institucional, del doctor Ricardo Lorenzetti, que rechazó tomarles juramento si no es que contaban estrictamente con lo que marca la Constitución, que es el acuerdo del Senado, logrado con dos tercios de los votos de los miembros presentes”, recordó el letrado.

“Lamento mucho tener que decir esto, entiendo que se abre un dilema para el presidente de la Corte, el doctor Horacio Rosatti: si sostiene lo que dice en su Tratado de Derecho Constitucional, o si se basa en la conducta, yo diría, de oportunismo institucional que tuvo en su momento, siendo que por sus antecedentes y los cargos que ha ocupado, era un hombre valorado como candidato posible para cubrir una de las vacantes de la Corte”, señaló Barcesat.

“Ahora, creo que tanto él como Rosenkrantz están en un dilema: si van a cumplir con el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, establecido por su artículo 36, o si van a convalidar este avasallamiento de la división de poderes y ayudar a que se configure un poder autocrático. No tengo ninguna duda que aquí están en juego las disposiciones del artículo 29 de la Constitución histórica, que, ante la concesión de la totalidad de los poderes en favor de una persona, y poniendo en eso en riesgo la situación de la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de los argentinos, esos actos deben ser nulos y de nulidad absoluta, insanables, y apareja la descalificación como infame traidor a la Patria”, planteó.

La Constitución en juego
“Precisamente el artículo 36 de la Constitución, que se incorporó a la Reforma Constitucional del año 1994, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, establece la nulidad absoluta e insanable de estos actos de violencia institucional. Porque es un acto de violencia institucional esto de apartarse del texto claro de la Constitución, simplemente porque (el Gobierno) no aportó dos candidaturas que pudieran concitar el respeto y la aprobación del conjunto de los integrantes del Senado como para contar con su acuerdo. Bueno, esto es como echar un balde de nafta en un fuego” comparó Barcesat.

“Estamos frente a la situación de un Presidente que está sometido a procesos no sólo en territorio argentino, sino en otros países del mundo por las víctimas del criptogate de Libra, y por supuesto que ha perdido credibilidad ante el mundo entero. Y el hecho de que se haya sacado una foto con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en un reciente encuentro de la ultraderecha, no le va a brindar un blindaje como para evitar la prosecución de las actuaciones que tiene el juicio político, iniciado por la Cámara de Diputados de la Nación, tardíamente diría, porque ya tenía varios pedidos previos que bien ameritaban ese juicio político”, señaló.

“De modo que creo que esto de intentar instalar a los magistrados, seguramente con el compromiso de asegurar su impunidad, es realmente querer tapar el sol con la mano. Por lo cual vaticino que esto no va a prosperar y que va a, diría, incentivar el pedido de juicio o los pedidos de juicio político que están en marcha contra el presidente, este verdadero autócrata que está destruyendo la vida y la calidad de vida del pueblo argentino, y destruyendo la institucionalidad, tal como lo anunció al decir vengo a destruir el Estado”, concluyó.

Miércoles, 26 de febrero de 2025