Bs. As. (10-3-25): El miércoles en Diputados buscarán sesionar sobre la investigación de la estafa LIBRA, mientras en el Senado toma fuerza el rechazo a los cortesanos designados por decreto. Si fuera por el deseo del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación estaría cerrado. Así, sin rodeos, y con un tono jocoso, se encargan de repetirlo los asesores más cercanos al presidente Javier Milei. Por más que en lo concreto el Presidente no cierra el parlamento, Milei se esfuerza por desestimar al Poder Legislativo e intenta pasarlo por alto a diario. En las últimas semanas, el mandatario no solo designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto --después de que los pliegos de ambos no sean tratados en el Senado--, sino que también anunció que no enviaría un nuevo acuerdo con el FMI para que lo traten los legisladores y que buscará aprobarlo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta semana, sin embargo, la oposición tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados tendrá la oportunidad de ponerle límites a la Casa Rosada.

Por Melisa Molina

Buscarán, en principio, llegar al quórum el miércoles en Diputados para tratar una decena de proyectos vinculados al escándalo $LIBRA y, en el Senado, están a un paso de conseguir el número necesario para rechazar el pliego de Manuel García Mansilla que, junto con Ariel Lijo, fueron designados por Milei --mediante un decreto-- para ser jueces de la Corte Suprema.

$LIBRA y la estafa millonaria
El miércoles es muy posible que, si la oposición consigue el número para el quórum, los diputados sesionen. Los distintos bloques opositores habían presentado una convocatoria antes del inicio del período de sesiones ordinarias, el 25 de febrero, para poder tratar distintos proyectos vinculados al estallido del escándalo $LIBRA, que tiene en el centro de la escena al presidente Milei. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, no podrá evadir más la convocatoria y la fecha para que la sesión se concrete es el próximo miércoles a las 10 de la mañana.

Entre la decena de proyectos que los opositores presentaron vinculados al escándalo de $LIBRA, algunos tienen que ver con la creación de una comisión investigadora, otros son pedidos de informes al Ejecutivo y también hay pedidos de interpelación dirigidos a distintos funcionarios: empezando por el propio Presidente, también a su hermana Karina, el vocero presidencial Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Además, para la sesión que se llevaría a cabo este miércoles, se sumó un proyecto presentado por Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, que pide la asistencia de Francos al Congreso para informar sobre el escándalo de la criptomoneda.

El Senado, en tanto, fracasó hace dos semanas en su intento de conformar una comisión investigadora para indagar sobre el rol que Milei tuvo en la cripto estafa. La Casa Rosada logró alinear a la UCR y, a último momento, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque radical y uno de los principales impulsores del proyecto para crear la comisión investigadora, cambió su postura y frustró el intento opositor de esclarecer el asunto.

Los pliegos de Lijo y García Mansilla
Mientras avanzan con el intento de investigación del escándalo cripto, en el Senado la oposición busca juntar los votos para convocar a una sesión especial y poder rechazar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que no sean miembros de la Corte Suprema. El viernes de la semana pasada, tanto el peronismo como la UCR que se referencia en Martín Lousteau y un sector del PRO, dieron un paso importante al lograr dos dictámenes de rechazo contra García Mansilla. El primero tuvo seis firmas: la de las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Claudia Ledesma Abdala y la del senador Sergio Uñac. Y el segundo dictamen de rechazo juntó las de Martín Lousteau y la de la senadora del PRO, cercana al exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri.

Para llevar el debate al recinto, sin embargo, falta aún una firma. Para tratarlo se necesitan nueve, es decir, la mitad más uno de los integrantes de la comisión de Acuerdos. Por ahora solo tienen ocho. Si consiguen la firma necesaria, una semana después de presentados los dictámenes los senadores estarían habilitados para sesionar. Con ese escenario en mente, los ojos de los opositores que quieren rechazar los pliegos están puestos en tres senadores radicales que forman parte de la comisión de Acuerdos: Carolina Losada, Maximiliano Abad y Mariana Juri. Si consiguen las nueve firmas, el paso siguiente será pedir una sesión especial y que la presidenta del Senado Victoria Villarruel la convoque.

En sectores del peronismo consideran que no están los números para aprobar el pliego de ninguno de los dos jueces designados por decreto, pero sí creen que las condiciones están dadas para rechazar el de García Mansilla. No así el de Lijo. Hay quienes dentro del bloque de UxP no estarían de acuerdo con rechazar el de este último y la discusión aún está abierta. La idea es que los senadores de ese espacio se reúnan el martes y puedan ponerse de acuerdo para consensuar un accionar.

Las dudas, por otra parte, giran en torno a qué postura tomará el gobierno de ahora en más con Lijo. Desde Unión por la Patria hay quienes sospechan que el gobierno libertario "mexicaneó" al juez que aún no tomó juramento, y que le soltaron la mano con el voto de García Mansilla en contra de la licencia que pedía para su cargo en Comodoro Py. De allí surgen las sospechas acerca de si desde La Libertad Avanza lo seguirán defendiendo o no, más allá de las declaraciones públicas que hicieron durante los últimos días en las que se despegaron del flamante juez de la corte, que votó junto a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Desde Balcarce 50, mientras el Congreso busca avanzar en distintos frentes, el jefe de gabinete Guillermo Francos salió a decir el fin de semana que los jueces permanecerán en la Corte hasta noviembre, cuando termine el periodo de sesiones ordinarias, y que solo pueden ser removidos del cargo mediante un juicio político. “El rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato. Su designación fue realizada constitucionalmente y, si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre”, dijo y agregó: “No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”.

Lunes, 10 de marzo de 2025