Si interpuso una acción de nulidad ante el increíble fallo de prescripción de la acción penal, en la que se había imputado a Raúl Oscar Aguad de haber cometido el mayor fraude en la historia de la municipalidad de Corrientes.

Raúl Oscar Aguad deberá recurrir a su inmunidad parlamentaria. El famoso caso conocido como de los 60 millones de dólares, aquel empréstito concedido a la municipalidad capitalina en agosto del año 2000 y que luego fueron canjeados por bonos CECACOR, se reabrió tras la presentación de uno de los damnificados de lo que se considera, la mayor estafa en la historia de Corrientes a dineros públicos. La próxima administración municipal podría pedirle a la nación una reparación económica por el impresionante desfalco sufrido, que en la actualidad le ocasiona un tremendo perjuicio financiero. Prácticamente más de un millón ochocientos mil pesos mensuales, al tener la toma del crédito, respaldo del Ejecutivo provincial con garantía de los recursos de coparticipación.

Un verdadero entramado judicial con apoyo del poder político, le sirvió a Aguad para escapar de una condena segura. Las altas cumbres le colocaron un paraguas de protección sobre su desdeñable figura. En diciembre de 2007, la jueza Laura Varela decidió sobreseerlo de las imputaciones que recaían sobre sus espaldas, junto a otros dos ex funcionarios de la tristemente célebre gestión cordobesa por prescripción de la acción penal. La titular de juzgado de instrucción Nº5, no solo que omitió tratados internacionales con rango constitucional (Pacto de San José Rica) que declaran la imprescriptibilidad de los delitos de acción pública, sino que también no contabilizó con exactitud el lapso transcurrido de las actuaciones judiciales, con el tiempo de la pena del delito de administración fraudulenta con el que se lo acusaba a Aguad, y que tiene un máximo de 6 años de condena. Además Varela sabía de los fueros que le otorgaban cierta invulnerabilidad judicial al llamado Milico, momento en que se interrumpen los plazos de caducidad de la instancia.

El ahora jefe de la bancada radical en la cámara baja del congreso nacional, se desempeñó como delegado normalizador en la comuna correntina del entonces interventor federal Ramón Bautista Mestre a partir de diciembre de 1999, a quien lo sucedería en ese cargo en marzo de 2001 cuando el extinto odontólogo era designado Ministro del Interior del frustrado gobierno de Fernando de la Rúa. En diciembre de 2005 asumió como diputado de la nación y fue reelecto en junio último, por otro mandato más.

Para que opere la prescripción de la acción penal contra Aguad en la afamada causa de los u$s 60 millones, todavía faltaría más de 24 meses si se aplica la ley 25188, utilizada por la jueza Varela. Aunque de intermediar la nueva normativa (Nº25.550), los plazos serían más amplios y superarían los tres años.

Ante el fallo de caducidad de la instancia practicado por Varela, el damnificado Rodolfo Amilcar Paladini interpuso horas atrás la nulidad del dictamen, advirtiendo “violación al principio de congruencia, taxatividad y especificidad de las resoluciones, y denunció falta de fundamentación y resolución de los planteos formulados de inconstitucionalidad y violaciones de Pactos y Tratados Constitucionales y Provinciales”. Hizo la reserva federal del caso.



Miércoles, 2 de diciembre de 2009