El diario montevideano El País advirtió en su edición de ayer que la Argentina no informó sobre la represa que pretenden construir el vicepresidente del Grupo Clarín y George Soros. Y un senador del Partido Colorado pidió que se instruya a la CARU.

El impacto que podría significar a nivel ambiental la represa que proyectan construir las empresas Copra SA, propiedad del vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, de George Soros, sobre el Arroyo Ayuí Grande dejó de ser una preocupación exclusiva de los correntinos.

El senador uruguayo Ope Pasquet Iribarne del Partido Colorado, planteó ayer en el Congreso del país vecino la necesidad de investigar el efecto que el emprendimiento pudiera tener sobre la calidad del agua del Río Uruguay.

En diálogo telefónico con Tiempo Argentino, Pasquet aseguró: “La información que hemos recabado hasta el momento tiene entidad suficiente como para que el ministerio de Relaciones Exteriores se interiorice seriamente en el tema, por eso he planteado esto en el Senado.” “La idea es pedirle al Ministerio y en particular al canciller (Luis) Almagro, que instruya a la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que realice las averiguaciones pertinentes, porque la verdad es que no sabemos qué ha hecho al respecto el gobierno, si es que ha hecho algo hasta el momento”, señaló el senador de la oposición uruguaya.

En tanto, en su edición de ayer el diario uruguayo El País dio cuenta de las implicancias internacionales que el emprendimiento de Aranda y Soros podría significar y advirtió: “No informaron a Uruguay sobre represa en Corrientes.”

El País reprodujo las expresiones vertidas por el canciller argentino Héctor Timerman cuando el domingo pasado twitteó: “Atención: uno de los dueños de Clarín es una amenaza para el medio ambiente en Corrientes y el Río Uruguay.”

El matutino del país vecino advirtió además que Brasil también podría verse involucrado en la controversia. En este sentido indica que “en la CARU no hay información sobre este emprendimiento ni certeza si la desembocadura del Miriñay está en la jurisdicción uruguaya o brasileña ya que ese río desemboca al norte de Puerto Ceibo, la Terminal de Monte Caseros, ciudad que se emplaza frente a Bella Unión, Artigas.”

En efecto, Rubens Stagno, integrante de la delegación uruguaya ante la CARU, confió ayer a este diario que todavía no recibieron ninguna instrucción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese país y adelantó que de recibirla lo primero a hacer será analizar la jurisdicción de la CARU en el tema ya que “habría que ver si por la ubicación del Miriñay el primer afectado no es Brasil”.

En cuanto a la decisión del país vecino de tomar cartas en el asunto, el senador Pasquet fue tajante: “No me cabe ninguna duda de que Uruguay pedirá la información correspondiente, puede ser que tarde unos días porque los tiempos administrativos son así, pero no me cabe ninguna duda de que se solicitará la información pertinente a la Argentina.”

En tanto, el secretario de Medio Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, reconoció que existe “una lógica preocupación” en el gobierno entrerriano por la construcción de la represa Ayuí Grande. Consultado sobre si Corrientes puede hacer una obra de esas características afectando a otros Estados provinciales y nacionales, Raffo aseguró que “habría que ver si cada provincia, perteneciendo a un Estado federal, puede, a través de su legislación permitir una obra que, dentro de su estudio de impacto ambiental debería prever o prevenir efectos en cursos interjurisdiccionales”.

El funcionario estimó además que esta controversia en puerta con Corrientes deberá dirimirse en un ámbito “más político, de relaciones entre las provincias” que su Secretaría y opinó que el Consejo Federal de Medio Ambiente, órgano que reúne a las dependencias del área de todas las provincias y de la Nación, puede ser “un carril” para que Entre Ríos obtenga la información sobre el emprendimiento y sus consecuencias. <


Jueves, 19 de agosto de 2010