Por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso
Tiempo Argentino accedió a expedientes secretos del Ejército: la burocracia criminal dejó expuesta la trama del despojo a Lidia Papaleo. Basada sobre las conversaciones con los directores de Clarín, La Nación y La Razón, la dictadura diseñaba “los interrogatorios” a los detenidos en los campos de exterminio. Todos los documentos.

Ya nada será igual, nada, después de la publicación de estos documentos secretos a los que Tiempo Argentino accedió de manera exclusiva. Se trata del epílogo a una intensa labor de este colectivo de trabajo periodístico que durante seis meses investigó el robo a los Graiver de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con la dictadura de Videla y Martínez de Hoz. Ya no quedan dudas sobre el despojo accionario. Tampoco, sobre quiénes son las víctimas y quiénes los beneficiarios en esta dolorosa historia. Pero había, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de los accionistas de los tres diarios en los crímenes de lesa humanidad que hoy investiga la justicia. Faltaba algo que uniera al implacable torturador de Lidia Papaleo de Graiver en Puesto Vasco con los impolutos ejecutivos que en la City porteña decidían silenciar las atrocidades del genocidio que se devoró a una generación de argentinos. Faltaba, es cierto.
Hasta hoy.

Los cuatro documentos clave que se publican en estas páginas fueron producidos el 7 de abril de 1977, a las 10:30 y a las 16:30; y el 9 de abril del mismo año, a las 8:40 y a las 20. Habría que remontarse al instante preciso en que un represor, oficial del Ejército Argentino, encabezaba un sumario con la leyenda “Diligencia dejando constancia”, mientras los aullidos de las víctimas flotaban en el espeso aire de un país hundido en la tragedia. Es importante situarse en la época. El terrorismo de Estado ya había desaparecido a 15 mil personas, mandado a prisión a otras 10 mil y asesinado a otras 4 mil, en apenas un año.
[1] La justicia había respondido en forma negativa a más de 7 mil habeas corpus. La Junta Militar –la del golpe de 1976, la de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti– también había declarado caducos los mandatos de la presidenta constitucional de la Nación (Isabel Martínez de Perón), de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias; disuelto el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de Buenos Aires y los consejos municipales de provincias; removido la Corte Suprema, suspendido la discusión política y los partidos políticos, y prohibida las actividades gremiales, profesionales y estudiantiles. [2]

Para entonces, los primeros 25 cuerpos mutilados de opositores a la dictadura ya habían aparecido en las costas uruguayas, dejando la huella inicial sobre los “vuelos de la muerte”, en que a los detenidos se los arrojaba vivos al Río de la Plata desde aviones militares. También se había descubierto un cementerio lacustre en el Lago San Roque de Córdoba. Nada de eso, sin embargo, informaban Clarín, La Nación y La Razón, los diarios oficialistas del terror. Tenían sus razones. No eran, como se quieren presentar ahora, los custodios de la libertad de expresión: eran socios de los verdugos.

Junto a Videla, habían puesto en marcha la primera y única fábrica de papel para diarios de todo el país, la más importante productora de pasta de celulosa de Sudamérica. La que le habían robado, por medio de presiones y humillaciones, a los Graiver. [3] La maniobra quedó registrada en documentos secretos. La burocracia criminal era eficiente.

El primer documento que publica Tiempo Argentino, del 7 de abril de 1977, lleva la firma del “oficial Superior Preventor Oscar Gallino”. El militar estaba a cargo de la “investigación”: un eufemismo para referirse a la sucesión de tormentos que se le practicó a toda la familia Graiver en el circuito Camps. El acta que refrenda revela que, mientras Lidia Papaleo era torturada, Gallino recibía “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”.

Gallino era general de brigada. Un represor salvaje. Desde febrero hasta abril de 1976, había desempeñado el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético) de la zona 4 (Campo de Mayo). Entre sus medallas de combate, se contaba la cacería de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que habían intentado copar el Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo.

Antes de que Ramón Camps diseñara bajo las órdenes de Videla, el “Operativo Amigo” –complemento del despojo accionario de Papel Prensa–, que culminó con toda la familia Graiver en la mesa de torturas, mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el máximo dictador, los jefes del Estado Mayor, el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministro del Interior y el jefe de la Policía Federal. (Los detalles de la designación de Gallino quedaron impresos en la página 18 y 19 del libro de Camps, El poder en las sombras, publicado por RO. CA, en 1983.)
En ese cónclave de la cúpula del aparato represivo que azotó al país hasta 1983, se decidió –con la anuencia de Videla– que Gallino reunía los requisitos necesarios para convertirse en el “oficial instructor”, es decir, en el interrogador del caso Graiver.

Vale aclarar que los interrogatorios, en aquel tiempo, se hacían a punta de picana. No había abogados defensores, sólo electricidad que recorría el cuerpo de personas indefensas. La defensa de la familia secuestrada en los campos de exterminio quedó a cargo de un teniente coronel, puesto a dedo por el propio Gallino.

Con ese tan eficaz como implacable jefe de torturadores se reunían, según los documentos que se reproducen por primera vez, “los directores de Clarín, La Nación y La Razón”. Dicho así, con la frialdad del papel sumarial, también se oculta algo. ¿Quiénes integraban el directorio de esos diarios para la fecha en que la que los represores vejaban sexualmente a Lidia Papaleo de Graiver? Tiempo Argentino fue a buscar la respuesta al Boletín Oficial. Allí, para la Historia, quedaron registrados los nombres de los que participaban en las amigables tertulias con Gallino: Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. [4]

En el otro documento, el del 9 de abril de 1977, es decir, producido dos días después de la reunión antes mencionada, Gallino volvió a dejar asentado que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. ¿Cuál era el objeto de esas reuniones? Gallino lo dice: “Producir sendos informes.” ¿Para qué servían esos “sendos informes”? También Gallino responde a eso. Da escalofríos reproducir su respuesta: “Se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril de 1977.”
Lo dice el represor, el oficial preventor, el jefe de los torturadores de Puesto Vasco. Magnetto, Mitre y Peralta Ramos se reunían con el represor para “producir sendos informes” sobre Papel Prensa y luego, el militar Gallino elaboraba las preguntas que debían soportar los Graiver en los camastros de tortura.

Otro documento secreto del Ejército Argentino revela cómo Gallino interrogaba a Isidoro Graiver. Le interesaba conocer los detalles del vínculo con su cuñada Lidia Papaleo, la minuta de las transacciones comerciales y, principalmente, obtener la información que necesitaran para destrozar a su grupo económico. Lo mismo ocurrió con Eva Gitnach de Graiver, la mamá de David, a quien sentaron frente al Consejo de Guerra para interrogarla: “¿Participó en la venta de acciones de Papel Prensa?” “Sí”, contestó. “La llevaron a firmar la venta, pero no participó en las reuniones previas en que se decidió dicha venta.

–Preguntado: ¿Actuó en el movimiento pro liberación de Cuba?
–Contestó: No sabe qué es.” [5]

¿Cómo era el proceso? Todo quedó por escrito. Gallino se reu-nía con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos. Con ellos armaban las preguntas. El Consejo de Guerra Especial Estable número 2, del Comando Zona 1 (a cargo del I Cuerpo de Ejército, con asiento en Palermo, y jurisdicción sobre casi toda la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa), les “tomaba declaraciones” a los prevenidos, es decir, interrogaba a los secuestrados (los Graiver y sus empleados). Se realizaba una “prevención sumarial”, es decir, un expediente, como resultado del interrogatorio tomado por “el Oficial Superior Preventor” (sí, Gallino). Y ese material, mientras quedaba registrado en el expediente del Ejército Argentino, también era remitido al juzgado que llevara adelante la causa, para blanquearlo –cuando la ocasión se presentara– ante el fuero judicial. En el caso de los Graiver, el operativo de “legalización” lo hizo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 6, a cargo de Hugo Molteni (Secretaría Número 11, Ana Benaventano). [6] Así de ilegal, así de perverso.

La maquinaria asesina se entrelazaba con la económica. Además de controlar el movimiento, la información y hasta a los vendedores de Papel Prensa, a quienes tenían secuestrados, Gallino tuvo tiempo de abrir una cuenta en el banco para depositar los millones del botín de guerra. No sólo torturaban: además se quedaban con la plata de las víctimas.

Así quedó establecido en una carta que el propio Gallino le envió al entonces presidente del Banco Central de la República Argentina. “Una investigación de carácter reservado, que por orden de las autoridades superiores del Ejército, se encuentra a mi cargo”, [7] empezó explicando. Se refería a la causa Graiver. Y por ese motivo, aseguraba, necesitaba la apertura de una cuenta a su nombre, en la que se depositaran los cheques y se aceptaran los títulos y bonos. Fue el 13 de abril de 1977. Pretendía que los “resultantes de amortización y rentas sean depositados en la cuenta”.

Hasta ese momento, los Graiver estaban desaparecidos. Por eso, Gallino no podía explicar cuál era la investigación a su cargo. Sabía que, en poco tiempo más, la Junta ordenaría los papeles y haría coincidir las fechas y los pedidos con sus delitos.

Por eso, para terminar la carta, Gallino advierte que “una vez promulgada la Ley correspondiente a la investigación señalada se incluirá en la cuenta el número de la misma”. Primero se ejecutaba, y después se hacía encajar una ley a medida del despojo. ¿Esta es la “seguridad jurídica” que esgrimen los diarios oficialistas del terror?

El general de brigada Gallino se depositó $ 2.130.000 en efectivo y, en cheques (entre ellos del Banco Comercial de La Plata), $ 1.042.356,26; un total de $ 3.173.356, 26. Y hay más: les arrebató a los Graiver más dinero en efectivo, por U$S 21.071, 37; títulos y acciones en diferentes empresas. Para el ’77, una hectárea en la región de La Pampa Húmeda –la zona más rica del planeta en materia de ganadería y agricultura– valía en promedio U$S 3300.

Al día siguiente, el acta secreta de la Junta Militar en el “Item 1, Papel Prensa SA”, devela la estrategia final de la dictadura y los tres diarios: “Evitar que la suma correspondiente a las acciones ingrese al Grupo Graiver o a su sucesión.” [8]

El 12 de abril secuestraron a Rafael Ianover, el último eslabón del grupo. Ya toda la familia estaba en el limbo de las desapariciones y el entramado empresario desarticulado. La Junta Militar sabía que tenía que evitar que el dinero producto de la venta terminara siendo administrado por el juez de la sucesión, abierta tras la misteriosa muerte de David Graiver. ¿Cómo podían lograr que la justicia no interviniera? Determinando un poder superior al judicial: el del secuestro y la interdicción (privación de un derecho civil).
Así lo hicieron el 19 de abril. La Junta Militar reconoció, finalmente, tener detenidos a los Graiver y su entorno. Se les aplicó el artículo 2 del acta del 18 de junio de 1976, incisos “a”, “d” y “e”: perdían la ciudadanía y se les prohibía “administrar y disponer de sus bienes, hasta tanto justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos”. La CO.NA.RE.PA, Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, lo haría en su lugar. El delirio del régimen llegó al paroxismo ese día, cuando la imputación fue realizada a dos personas ya fallecidas: David (cabeza del grupo) y Jorge Rubinstein (su mano derecha).

Todo esto parece surrealista. Inexplicable. Pero así ocurrió. La contundencia de los documentos elaborados por la burocracia asesina es inapelable. Se sabía que los represores no tuvieron límites y llegaron a los más bajo de la condición humana.
Pero no descendieron a esos infiernos en soledad.



Lunes, 6 de septiembre de 2010