Tras la publicación en Tiempo Argentino de los documentos que prueban sus encuentros con los interrogadores de los Graiver, los ejecutivos desplegaron una estrategia defensiva. En los hechos, implica considerarse imputados.

Los documentos revelados por Tiempo Argentino el último domingo no sólo provocaron escalofríos. Las actas que prueban las entrevistas que tuvieron Héctor Horacio Magnetto (Clarín), Bartolomé Luis Mitre (La Nación) y Patricio Peralta Ramos (La Razón) con el jefe militar que mantenía cautiva a la familia del dueño de Papel Prensa, hicieron saltar de sus despachos a los ejecutivos de los dos grandes diarios. La noticia de la jugada empresaria llegó por la noche a través de la agencia DYN. Allí se informó que Magnetto y Mitre se presentaron ante el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza. E hicieron una serie de planteos con un epílogo: que si no se hace a lugar a sus exigencias, se “suspenda la audiencia de Rafael Ianover y toda otra recolección de prueba, hasta tanto una instancia judicial superior analice la cuestión”. La estrategia quedó al viento: dilatar y obstaculizar.
Según la agencia de noticias, que ayer funcionó como canal de comunicación oficial de los socios mayoritarios de Papel Prensa, Magnetto y Mitre presentaron documentación para respaldar su versión. Entre los papeles que le hicieron llegar al juez le entregaron un ejemplar del libro Papel Prensa - La Verdad, la síntesis de la investigación que presentó la presidenta Cristina Fernández hace dos semanas.

La presentación, como se dijo, llegó con exigencias. Magnetto y Mitre le pidieron al juez estar presentes durante la declaración testimonial que debía prestar Rafael Ianover, ex testaferro de David Graiver, torturado en los centros clandestinos de detención Puesto Vasco y Pozo de Banfield. Un pedido extraño. Que coronaron con la pretensión de que si no se cumple, entonces deben suspenderse todas las actuaciones judiciales.

La declaración, a la que pidieron asistir, iba a realizarse mañana miércoles. Pero Rafael Ianover le confirmó a este diario que ayer pidió una postergación, porque ese día tiene turno para someterse a algunos estudios médicos. “Si el juez los autoriza a estar presentes, a mí no me importa. Me da lo mismo. Voy a dar mi verdad. Yo creo en la justicia”, aseguró Ianover.

Magnetto y Mitre se anticiparon a la presentación judicial que prepara la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, y que firmará como patrocinante el jefe de los abogados del Estado, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha. Pese a que todavía el documento no está terminado y no viajó a La Plata, el juez Coraza y el fiscal Romero ya tienen técnicamente la posibilidad de avanzar en la investigación. Los habilitó, sucesivamente, el juez en lo Comercial Eduardo Malde –al denunciar el contenido de las declaraciones de Lidia Papaleo y Rafael Ianover en una asamblea de Papel Prensa en la que narraron cómo habían sido presionados para firmar el traspaso de las acciones– y el magistrado Federal porteño Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y, antes de mandarle el expediente a su colega de La Plata declaró la “inescindibilidad” entre los hechos de privación ilegítima de la libertad y la “eventual comisión de delitos referidos a la transferencia” accionaria.

La noticia es que desde ayer los accionistas privados se consideran imputados. Una semana atrás, cuando Lidia Papaleo se presentó a declarar, todavía no habían reaccionado, aunque el abogado del Grupo Clarín intentó presenciar por la fuerza la declaración de la viudad de Graiver. La difusión de los documentos, hasta ahora secretos, que prueban que en las horas previas a los interrogatorios que padecieron los Graiver tuvieron reuniones con el general de brigada, Oscar B. Gallino, parecen haber introducido un cambio en la estrategia de los socios comerciales.

Por eso formularon el pedido para participar de todas las medidas de prueba que lleve adelante el juez. Aun si el juez Coraza decidiera, por ahora, no tenerlos como “parte” en la causa, la presentación del informe Papel Prensa - La verdad –que ambos le entregaron al juez– implica, en los hechos, una virtual autodenuncia. Algo así como expresar: “en este documento nos imputan y hay un decreto publicado en el Boletín Oficial que anuncia que nos acusarán. Si nos van a investigar, queremos ejercer el control desde el principio.”

El comunicado que difundió ayer DYN, en el que se señala que Magnetto y Mitre “pasaron a la ofensiva”, concluye con una confesión de parte y una amenaza: “Más allá del cuestionado informe, cabe destacar que la campaña oficial contra los nombrados y los medios periodísticos que integran, suma cada día nuevas mentiras y difamaciones propaladas a través del sistema de medios estatal y paraestatal, las que serán oportunamente llevadas a sede judicial.”

Las actas reveladas en la edición del domingo demuestran que el militar encargado de los interrogatorios a la familia Graiver en el centro clandestino de detención Puesto Vasco se reunió, en las horas previas a esas sesiones de tortura, con los directores y asesores letrados de Clarín, La Nación y La Razón. El objetivo de esos encuentros era “producir sendos informes” y “preparar los interrogatorios a celebrar el 11 de abril de 1977”. Todo quedó registrado en las órdenes que Oscar B. Gallino, general de brigada, oficial superior preventor, escribió y firmó el 7 y el 9 de abril de 1977.

En las actas no figuran los nombres de los representantes de los tres diarios que compraron a bajo precio las acciones de Papel Prensa. Pero Gallino especifica sus cargos: presidentes de directorio. Tal cual consta en el Boletín Oficial, en aquella época, esos sillones estaban ocupados por Magnetto, Mitre y Peralta Ramos.

Martes, 7 de septiembre de 2010