La sanción se logró con el voto del vicepresidente que, en un escenario de empate, una vez más inclinó la balanza a favor de la oposición y no del gobierno con el que fue elegido. El oficialismo apostó a ganar el debate político.

La oposición del Senado, que incluye una extraña combinación de radicales, peronistas conservadores y bloques menores, logró anoche aprobar en general el proyecto de ley que lleva la jubilación mínima al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Lo consiguió con el apoyo del vicepresidente Julio Cobos, quien volvió a desempatar, como ocurrió en 2008 con la Resolución 125, cuando la paridad marcó 35 a 35 y dos abstenciones.

La ley también fue aprobada en particular, con lo que se terminaron las especulaciones sobre la incorporación de cambios que especificaran la fuente de financiamiento del nuevo sistema.
Este resultado confirmó la especulación del oficialismo en que insistía que lo único que buscaban los opositores “no es mejorar la vida de los jubilados sino buscar un veto presidencial”.

Cuando los senadores votaron a voz alzada, porque el tablero electrónico no funcionaba, el empate se hizo realidad. Cada bloque decidió confirmar su posición, por lo que el mendocino se encontró una vez más en la situación de desempatar.

Miguel Pichetto, jefe del bloque oficialista, sabía que sería difícil trocar las voluntades y consciente del escenario que se avecinaba se dirigió directamente a Cobos: “A usted la realidad lo pone en una situación que ya vivió. Esto que parecería de manual vale la pena recordarlo esta noche. Porque esta noche puede repetirse el mismo escenario de la 125”, le dijo.

El legislador recordó “la irresponsabilidad que tuvo la UCR cuando redujeron el 13%. Ahora vienen con la bandera del 82 %. ¿Qué pretenden con este proyecto? Realmente si pensaran con cierta vocación de poder no estarían planteando este tipo de leyes, porque tiene un fuerte contenido de irresponsabilidad”.

A su turno, el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales, reconoció en su discurso final que la UCR se hacía cargo de los desaguisados que había cometido cuando la Alianza fue gobierno, pero que ahora era posible corregirlos con esta norma. Claro, sus argumentos mostraban que algunas mañas no habían perdido. El jujeño, sin ruborizarse, aseguró que “los fondos de la Anses son suficientes. Lo que debe dejar de hacer es utilizar esos fondos en otros gastos que prohíbe la ley que creó el instituto y entre esos gastos está la Asignación Universal por Hijo”.

La oposición sabía que llegaba a la sesión con un problema sin resolver, el quórum. Contaba y contaba pero siempre la suma le daba 36, faltándole uno. Cuando el reloj marcó las 14, los senadores opositores se sorprendieron al ver que el propio oficialismo se sentaba en sus bancas y el tablero pasaba de marcar 23 a 56. Así, la sesión pudo comenzar. La razón del FPV era una sola, “bajar y si los votos no acompañan, se pierde pero se gana en el debate político”. La orden había llegado desde Olivos y nadie dudó en cumplirla.

Con los senadores haciendo uso de la palabra, una nueva preocupación ganó a las conducciones del oficialismo e incluso del radicalismo. Nuevamente las matemáticas se empecinaban en marcar un empate a la hora de la votación. La ausencia por enfermedad de Carlos Menem le quitaba un voto a la oposición.

Pero también faltaba el radical catamarqueño Oscar Castillo, a quien sus correligionarios lo consideraban un voto propio. Empate en 35, el peor escenario porque le tocaba desempatar a Cobos.
En el bloque radical del Senado hay una mayoría que respalda la candidatura presidencial de Ricardo Alfonsín y un voto definitorio por parte de Cobos sería imperdonable. Paradojas de la política, este punto unía en el lamento a los radicales con el oficialismo. “No queremos otro escenario como el de la 125, con una marcha triunfal hacia Mendoza”, rumiaban en la bancada que conduce Miguel Pichetto.

En ese escenario, los discursos de uno y otro sector se sucedieron sin solución de continuidad. El primero en hablar fue el radical de Santa Cruz, Alfredo Martínez. Lo hizo en su condición de titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social: “Si aprobamos la ley, el sector pasivo estará cobrando en enero unos 1500 pesos y con un costo que oscila entre 27 y 32 millones de pesos.”

El argumento fue cuestionado por el oficialista Eric Calcagno, quien sostuvo que con la sanción de esta ley “volverían los déficits crónicos en materia previsional” que derivan en déficits presupuestarios, para luego “terminar irremediablemente en una crisis económica”. El legislador señaló que este escenario ya se había vivido en la Argentina, y que la salida había sido con endeudamiento y venta de activos: “No podemos recorrer de nuevo ese camino que lleva a crisis económicas de consecuencias terribles”, concluyó.

Jueves, 14 de octubre de 2010