Ante la ampliación de la denuncia judicial en el Juzgado de Paso de los Libres, en el cual se investiga al gobernador Ricardo Colombi de evasión fiscal en la compra de dos inmuebles de la Capital Correntina realizada por cinco diputados provinciales Tamandaré Ramírez Forte (PJ), Jorge Barrionuevo(PJ), Luís Badaracco (PJ), Rubén Bazzi(PJ), Irma Pacayut(PJ), nuevamente advertimos sobre la situación de riesgo institucional que vive la Provincia de Corrientes.

El actual Gobernador Ricardo Colombi, tal y como denunciáramos oportunamente, ha desviado y malversado fondos públicos en beneficio propio. Uno de los inmuebles mencionados es la vivienda familiar del gobernador en la que hace habitar a su familia sometiéndola a la indignidad de vivir en una casa producto del ilícito.

Ha contado para este tipo de accionar, no sólo con la complicidad de testaferros, como los que se denuncian en este caso, sino con la connivencia de sectores del Poder Judicial Provincial, en particular del Fiscal General de la Provincia, Dr. César Sotelo, convertido en un instrumento de encubrimiento y persecución a quienes denunciamos estos delitos.

El Gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi, ha utilizado la Fiscalía General así como otros recursos institucionales, para presionar a la oposición y para confundir a quienes como el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, de manera equivocada, pretenden apoyar a un régimen que sólo busca el enriquecimiento personal en detrimento de los correntinos.

Se deben seguir esclareciendo a nivel nacional, los hechos que son públicos y notorios en la Provincia de Corrientes y que hemos puesto en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Nación, que incluye torturas policiales, persecución de empleados públicos y falsificación de causas judiciales.

El apoyo del vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Ing. Fabián Ríos, a los legisladores provinciales denunciantes, pone en evidencia la singularidad y gravedad de la situación. La presión sobre los intendentes opositores, restringiendo recursos e impulsando denuncias es algo insostenible en el Estado de Derecho.

El Congreso de la Nación, y el Gobierno Nacional, deben seguir con atención el proceder de los Poderes Ejecutivos y Judiciales de la Provincia de Corrientes, para garantizar el cumplimiento del artículo 5º de la Constitución Nacional: Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia.


Miércoles, 10 de noviembre de 2010