Bs. As. (31-3-25): El defensor de la ex presidenta dio una conferencia de prensa después de elevar la queja contra la condena de la causa Vialidad a la Corte. Los detalles de la presentación, cuánto tiempo tardaron en otros casos de CFK y qué pasará tras entrar en la última instancia.

Por: Ariel Stemphelet
@stempheletariel

“Desde un punto de vista jurídico no existe ninguna posibilidad de que la Corte falle entre gallos y medianoche, salvo que haya una operación que nada tenga que ver con el Derecho”. Con esa definición, el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, respondió ante las versiones que indican que el Máximo Tribunal podría dejar firme la condena a seis años de prisión e inhabiltiación perpetua de la ex mandataria en el corto plazo, algo que el presidente Javier Milei exteriorizó, en tono de amenaza, cuando dijo que “irá presa”.

Beraldi dio una conferencia de prensa este lunes por la mañana en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu. Fue apenas horas después de jugar la última carta en la defensa de la ex presidenta al presentar en la Corte una queja contra el fallo condenatorio de la Cámara de Casación, que para las 9 de la mañana ya estaba en la Mesa de Entradas del cuarto piso de Talcahuano 550.

En la conferencia, Beraldi buscó bajar a tierra los argumentos centrales que planteó, junto a su colega Ary Llernovoy, en el escrito de 10 carillas presentado horas antes. Denunció entonces que en la causa Vialidad intervinieron jueces y fiscales que en su momento se reunían con Mauricio Macri cuando era presidente, con lo cual “no cumplen con los estándares de imparcialidad ni requisitos de objetividad en el caso de los fiscales”. Eso se resume en las fotos que muestran, por ejemplo, al juez Rodrígo Giménez Uriburu y al fiscal Diego Luciani con las camisetas del club Liverpool luego de jugar un partido en la quinta Los Abrojos del expresidente. El primero de ellos integró el Tribunal que la condenó y el segundo lideró la acusación del Ministerio Público en esa misma instancia.

“La base de cualquier proceso judicial es que los jueces sean imparciales e independientes. Si los jueces de esta causa se reúnen y tienen encuentros privados con el presidente, eso impacta de manera directa en el caso. Existen reglas internacionales que lo regulan, y esto muestra el nivel de contaminación política del caso”, afirmó el abogado.

Beraldi también remarcó que se vió afectado el derecho a defensa en juicio ya que “se limitó la posibilidad de ofrecer prueba, de descargo y de que el Tribunal mantenga total equilibrio frente a la discusión de las partes”. Como otro elemento de la “contaminación política” que, según denunció, tiene el caso, Beraldi cuestionó los dichos de Milei. “Es una manifestación extraordinariamente grave y puede significar una intromisión en el manejo de causas judiciales, algo que el presidente tiene prohibido”, dijo. Más temprano, al compartir en X el documento con el planteo judicial, Cristina sostuvo sobre ese punto que el presidente repitió varias veces que iba a ir presa, “con una certeza absoluta y en forma agresiva… casi como dando una orden”.

El recurso de queja ante la Corte
A primera hora de este lunes, los abogados de Cristina elevaron a la Corte la queja contra el fallo de Casación. Se anticiparon un día, ya que el plazo para hacerlo vence este martes a las 9.30 de la mañana.

En el escrito le pidieron a los cortesanos que pidan el expediente de la causa Vialidad a la instancia de origen para su posterior análisis. Además, insistieron con el pedido para que las partes sean convocadas a audiencias públicas, que para Beraldi deberían ser “al menos dos”, como afirmó en la conferencia de esta mañana. Y como broche, que se haga lugar al pedido de absolución de la expresidenta, ex vicepresidenta y actual titular del principal partido opositor al gobierno nacional. “Le pedimos a la Corte que corrija las arbitrariedades que hemos detectado”, insistió Beraldi.

La queja presentada por Beraldi y Llernovoy versa sobre cinco ejes centrales. Al primero lo calificaron como un “agravio central” y apunta a las “relaciones indebidas” de jueces y fiscales con la cúpula del Poder Ejecutivo durante el macrismo. Ahí desmintieron que se trata de “meras hipótesis especulativas” como en su momento había esgrimido el camarista Gustavo Hornos, también denunciado, investigado y sobreseído por la Justicia por sus visitas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.

En segundo lugar, cargaron contra la incorporación de prueba de cargo y supuestos que nunca habían sido planteados por el Ministerio Público, algo por lo que apuntaron a los jueces del TOF 2, recusados durante el juicio. “Este agravio se conecta con uno de los tres episodios invocados para sostener la condena de CFK, esto es, el dictado del decreto 54/2009, al que los magistrados le asignaron supuestas irregularidades nunca debatidas en el juicio”. Ese decreto fue el que incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria del fideicomiso creado a partir del cobro de la Tasa del Gasoil, cuyos fondos se utilizaron, según los jueces que condenaron a Cristina Kirchner, para “pagarle a (el empresario Lázaro) Báez en el momento más álgido de la maniobra”. Un detalle no menor: ese decreto fue utilizado posteriormente por otras administraciones presidenciales posteriores a la de Cristina, y hasta el ex procurador del Tesoro de Milei, Rodolfo Barra, consideró en un dictamen que “fue legítimo y sigue vigente”.

En otro de los puntos del planteo, los abogados de Cristina se quejaron de que la condena haya incorporado el supuesto plan “limpiar todo”, que fue incorporado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en sus alegatos al final del juicio. En el escrito dejaron constancia de que la ex presidenta “no fue indagada, ni procesada, ni llevada a juicio” por ese supuesto episodio. Los mencionados fiscales habían incorporado como prueba nueva una pericia al celular del ex secretario José López que se había ordenado en el marco de una causa por fuera de Vialidad. Para los defensores eso fue irregular y contrario al principio de congruencia puesto que, como defensores, no pudieron controlar ni analizar ese material con el que los acusadores buscaron mostrar un supuesto plan para borrar evidencia de la supuesta maniobra ante la culminación de la gestión presidencial, a finales del 2015.

Para los abogados también se violó el derecho de defensa en juicio ya que, como se mencionó, hubo prueba incorporada que no pudo ser controlada por la defensa y que posteriormente fue base para la condena. Mencionaron en ese punto el rechazo del TOF 2 al peritaje de las 51 obras denunciadas o la negativa a producir medidas de prueba para corroborar si efectivamente hubo un esquema de cartelización de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Esto es central: uno de los ejes principales del caso fue el supuesto direccionamiento de las obras en favor de ese empresario, pero durante el juicio hubo otros contratistas viales que declararon y, bajo juramento de decir verdad, señalaron que por cuestiones logísticas Báez tenía mayor posibilidad de ganar una licitación que una empresa no radicada en la mencionada provincia.

En tanto, también dejaron constancia de que para la defensa el caso violó la garantía de cosa juzgada, que indica que un mismo hecho no puede ser enjuiciado varias veces. De acuerdo al planteo, eso ocurrió “al restarse toda entidad a un pronunciamiento de mérito firme que descartó la ilicitud de 49 de 51 contratos de obra” investigados en la causa. Vale recordar que esos contratos ya habían sido investigados por la Justicia santacruceña, que no encontró delitos.

Para los defensores también se afectó el principio de legalidad, ya que se le asignó a Cristina Kirchner responsabilidad en el quebrantamiento de deberes que por su cargo de presidenta le resultaban ajenos, “tal como lo probaron las declaraciones brindadas por los testigos propuestos por los propios acusadores, quienes afirmaron que CFK jamás impartió directivas a fin de beneficiar a ningún contratista del Estado o para que se cometieran irregularidades en las obras viales investigadas”.

A modo de síntesis, Beraldi y Llernovoy, abogados de la ex presidenta, señalaron en el escrito que “se ha incurrido en un caso paradigmático de arbitrariedad” y que “se ha dictado una condena desprovista de todo sustento lógico, probatorio y jurídico”. “Con los mismos fundamentos jurídicos que se utilizaron para disponer, correctamente, la absolución de otras personas acusadas en la causa, el TOF 2 y la Cámara de Casación llegaron a una conclusión diametralmente opuesta al momento de justificar la condena de CFK”, afirmaron.

Qué pasará en la Corte
Desde antes de que Milei afirmara que Cristina “irá presa” habían circulado rumores que indicaban un posible rechazo de la Corte al planteo absolutorio, algo que derivaría en la ejecución de la condena: su detención e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese marco, se hablaba de una resolución en tiempo récord.

Para entender el escenario, lo primero que hay que decir es que el Máximo Tribunal no tiene plazos para definir. El pedido de absolución se presentó a primera hora de este jueves y para las 9 de la mañana ya estaba en la Mesa de Entradas de la Corte, supo Tiempo. Fuentes judiciales consultadas respecto a la posibilidad de un tratamiento en tiempo récord señalaron que son los cortesanos los que deciden cuándo tratar los temas, y atribuyeron las sospechas sembradas en torno a eso a una estrategia del kirchnerismo que ya fue puesta en práctica en otros casos en los que “hay que ver si les resultó”.

En la defensa de la ex presidenta sostienen que un promedio de resolución de este tipo de casos ronda en los dos años.

Para graficar aún más cómo son los plazos, bien se podrían mencionar dos fallos recientes vinculados a Cristina Kirchner. En la causa conocida como Dólar Futuro, la Corte se tomó tres años y medio en revisar un caso que no fue a juicio y disponer el cierre de la causa ante la inexistencia de delito. En la causa del Memorándum con Irán, otro expediente que no tuvo juicio, los cortesanos tardaron un año y un mes en analizar un recurso de la ex presidenta y ordenar que sea enjuiciada.

“Acá no hay un sólo recurso, son 10 los que deben analizar. Este fue un juicio de tres años con una sentencia de 1600 páginas, algo parecido al fallo de Casación. La Corte ha intervenido en otros planteos de la causa Vialidad (NdR: cosa juzgada, la recusación del perito Bona que tuiteaba contra el kirchnerismo, entre otros) y se ha tomado años. Acá nosotros no queremos dilatar los tiempos, queremos que se tome la decisión que jurídicamente corresponda: que la absuelvan o la sometan a un nuevo juicio”, dijo Beraldi en su conferencia de este lunes.

El fiscal también presentó su recurso
Minutos después de las 11 de la mañana de este lunes, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, también presentó su queja ante la decisión de los camaristas de declarar inadmisible su anterior planteo en el que pedía endurecer la condena a Cristina Kirchner. Concretamente, el acusador quería agravar la condena a 12 años mediante la incorporación del delito de asociación ilícita.

En este punto insistió con su postura de que en el caso hubo pluralidad de hechos delictivos, condición necesaria para acreditar la presencia de esa figura. Casación lo descartó al sostener que los hechos investigados formaron parte de un único delito continuado. “La interpretación acerca del requisito típico de ´pluralidad de planes delictivos´ en una causa donde se verificaron múltiples defraudaciones, aunque se las tratara bajo la óptica del delito continuado, tratamiento por demás discutible, genera una drástica reducción de la vigencia de la norma, y determina un caso de arbitrariedad normativa”, planteó el fiscal en el escrito al que accedió este medio.

Ahora resta que el resto de las partes eleven sus presentaciones hasta el vencimiento del plazo y comience el trámite adentro de la Corte, que incluye el análisis en Secretaría y la circulación del expediente en las vocalías. Si hay un fallo contrario a sus intereses, la defensa de Cristina Kirchner confirmó que acudirá a instancias internacionales.

Lunes, 31 de marzo de 2025