El primer paso en Europa en defensa del lobby industrial lo dio el presidente Nicolas Sarkozy al convertir a Francia en la primera democracia que creaba una policía electrónica en internet.

Esta policía cuenta con capacidad para vigilar los intercambios entre particulares e incluso inmiscuirse en el contenido de los discos duros de los ordenadores de los ciudadanos.
En el Parlamento Europeo, el debate sobre el control de estos intercambios ha quedado pendiente para después del verano, pero sus señorías, en principio, no son partidarias de llegar tan lejos como lo ha hecho Francia y, por el momento, decidieron introducir enmiendas en la normativa en discusión que evitan que los proveedores de internet se conviertan en vigías y responsables de lo que pasa por sus redes, como venían exigiendo las sociedades de gestión.
En cuanto a España, la voluntad expresada hasta ahora por el ministro de Cultura, César Antonio Molina, se muestra más partidaria de que las operadoras se involucren voluntariamente en un acuerdo que de forzarlas mediante una ley a poner datos de sus clientes a disposición de SGAE y otras entidades similares. Pero la batalla final se resolverá en dos años.

Lunes, 14 de julio de 2008