Bs. As. (27-2-25): En el marco de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se incluyeron expresiones como "idiota", "imbécil" y "retardado", que fueron abandonadas hace décadas debido a su carga peyorativa y su obsolescencia. Este documento establecía criterios para la evaluación de los grados de discapacidad, determinando si una persona puede o no acceder a una pensión no contributiva.

El Gobierno de Javier Milei publicó una resolución que causó una fuerte indignación al utilizar términos discriminatorios para clasificar a personas con discapacidad intelectual. En el marco de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se incluyeron expresiones como "idiota", "imbécil" y "retardado", que fueron abandonadas hace décadas debido a su carga peyorativa y su obsolescencia. Este documento establecía criterios para la evaluación de los grados de discapacidad, determinando si una persona puede o no acceder a una pensión no contributiva.

Ante el rechazo inmediato de diversas organizaciones de derechos humanos, el Gobierno de Milei se vio obligado a retractarse. A través de un comunicado oficial, se aclaró que la utilización de estos términos fue un "error" y que modificarían la resolución para corregirlo.

La publicación de la resolución
La Resolución 187/2025, firmada por la ANDIS, fue presentada con el fin de actualizar los baremos para determinar el grado de discapacidad en las personas que solicitan pensiones. Sin embargo, la polémica surgió por el uso de expresiones despectivas en su anexo, destinado a clasificar a las personas con discapacidad cognitiva o psíquica.

El anexo de la resolución clasificaba los distintos grados de discapacidad de la siguiente manera:
• “0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”
• “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias…”
• “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias…”
• “RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual.”

Reacción de las organizaciones de derechos humanos
La publicación de la norma desató un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y otras entidades como ACIJ y el CELS. Estas organizaciones expresaron su preocupación por el uso de un lenguaje que perpetúa el estigma hacia las personas con discapacidad, calificándolo como un retroceso en las políticas inclusivas del país. Según las agrupaciones, el uso de estos términos es una violación de los derechos fundamentales y una contravención a los principios establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

En respuesta a las críticas, el Gobierno se comprometió a modificar la resolución y eliminar los términos ofensivos. La ANDIS, dirigida por Diego Spagnuolo, exabogado personal de Javier Milei, emitió un comunicado en el que calificó el hecho como un "error", sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la norma suscitó un fuerte debate en torno a la política de discapacidad del actual gobierno.

Contexto político y social
El uso de estos términos discriminatorios no es aislado dentro del contexto de las políticas del gobierno de Milei. De hecho, en 2024, el Ministerio de Economía, encabezado por Federico Sturzenegger, restableció un decreto del gobierno de Carlos Menem (432/97) que endureció las condiciones para acceder a las pensiones por invalidez, lo que fue criticado por las organizaciones de derechos humanos. Con la reactivación de este decreto, se reincorporó el concepto de "invalidez", que había sido reemplazado desde la adhesión del país a la Convención de la ONU.

La reacción internacional
La controversia también recibió apoyo de la comunidad internacional, en particular de la Asociación Síndrome de Down, que destacó que el uso de términos obsoletos y despectivos contraviene los principios de respeto e inclusión. Además, las organizaciones de derechos humanos anunciaron que, si el gobierno no modificaba la resolución, tomarían medidas judiciales para invalidarla.


Jueves, 27 de febrero de 2025