Bs. As. (7-4-25): El cachetazo del Senado, que lo rechazó con dos tercios, no alcanzó para convencer a Milei. El Presidente insiste con que el juez que nombró por decreta siga al menos hasta noviembre y presentó un recurso ante la propia Corte contra la cautelar de Ramos Padilla, que le prohíbe fallar por tres meses. En el máximo tribunal creen en cambio que el partido está terminado y pretenden que tire la toalla.

Por Irina Hauser

En la Corte Suprema todos esperan que Manuel José García Mansilla renuncie como juez en comisión después de la paliza que le dio el Senado, al rechazar su pliego con poco más de los dos tercios de los votos. Aún así, el Gobierno intenta utilizar toda la artillería a mano para que se quede y presentó este sábado un per saltum contra la medida cautelar con la que el juez federal Alejo Ramos Padilla le impidió tomar decisiones judiciales y administrativas por tres meses. El reclamo es para que los supremos suspendan los efectos de esa decisión y el supremo puesto a dedo siga participando de los fallos. Ya firmó 214. En el alto tribunal se disponen a empezar a analizar en las próximas horas si le darán trámite al recurso que saltea instancias judiciales. Aunque el "comisionado" de un paso al costado, en algunos despachos no descartan, sin apuros, dar algún mensaje político-judicial al momento de fallar.

Cerca de la puerta de salida
Como informó Página/12, después de la abrumadora votación en el Senado, García Mansilla el viernes no fue a trabajar. Hizo rodar la noche anterior la versión de que le pediría opinión formal a sus colegas acerca de cómo debía proceder (en esencia, si irse o quedarse con el respaldo de ellos). Más allá de que cayó bastante mal el trascendido, la respuesta desde todos los rincones supremos fue que respetan "el momento" complejo que le toca, pero agregaban que sería bueno que se tomara el fin de semana para reflexionar y llegar a una decisión. García Mansilla tampoco presentó nada por escrito. En algunas oficinas lo esperaron hasta el Palacio de Justicia era pura oscuridad, pero no apareció. Todo indica que se prepara para la retirada. La Corte volvería a quedar con tres miembros.

Si se va, en el máximo tribunal hay quienes interpretan que el per saltum del Gobierno podría ser considerado abstracto. Otra versión indica que García Mansilla esperaría que los cortesanos abran el recurso e irse menos golpeado (una lectura retorcida, porque el golpe parlamentario fue contundente). Lo que sucede es que un recurso de estas características no necesariamente requiere más celeridad que otro. Pero el tembladeral institucional es demasiado grande y tampoco se podría prolongar demasiado la conflictiva situación actual. Como sea, los supremos siempre tienen la última palabra y no sería extraño que busquen dejar alguna advertencia en lo que sea que resuelvan. Por un lado, no les agrada que un juez de primera instancia --Ramos Padilla-- les diga lo que tienen que hacer, pese a lo cual la notificaron a García Mansilla los impedimentos indicados; tampoco que el Gobierno les marque el rumbo ni la agenda.

¿Qué dice el per saltum?
Ricardo Lorenzetti había dicho públicamente que García Mansilla debía tomar una decisión en forma personal y que la Corte no tenía nada para opinar judicialmente. Pero ahora sí tiene un planteo.

El Gobierno quiere defender con uñas y dientes las designaciones por decreto y en comisión de García Mansilla y de Ariel Lijo. Este último no logró que la Corte le diera una licencia como juez federal, y decidió no renunciar a ese cargo. La cautelar de Ramos Padilla admitió un reclamo colectivo de varias organizaciones (CEPIS, Poder Ciudadano, CELS, ACIJ, INECIP y el abogado Fernando Cabaleiro) que consideran que esas designaciones son inconstitucionales, que comprometen la independencia judicial y el sistema republicano. Como medida provisoria dispuso que García Mansilla se abstenga de decidir como juez en comisión tanto en expedientes como asuntos administrativos por tres meses bajo apercibimiento de sanciones penales y administrativas. Sobre Lijo, prohibió tomarle juramento en comisión.

El per saltum pasa por alto la instancia de la Cámara Federal de La Plata y pide que directamente sea la Corte la que se expida sobre la cautelar. Le reclama "que declare expresamente los efectos suspensivos del presente recurso extraordinario por salto de instancia y, consecuentemente, disponga la plena vigencia del Decreto N° 137/25 y que el Dr. Manuel José García Mansilla continuará interviniendo en el conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mientras actúe como juez en comisión..."

El argumento del Gobierno es que, si hay que esperar que un tribunal de alzada resuelva, eso generará una "dilación indebida" que afectará "la conformación y el funcionamiento del máximo tribunal y los derechos de los ciudadanos al buen servicio de justicia". Es parte también de la justificación de las designaciones por decreto, a pesar de que la propia Corte sostuvo en una acordada en diciembre que podía funcionar con tres miembros y conjueces. También alega que se trata de un caso de "gravedad institucional" porque el asunto en juego afecta al funcionamiento de las instituciones de la República, el sistema representativo y a toda la comunidad. A pesar de eso desacredita el reclamo de carácter colectivo reconocido por Ramos Padilla, que plantea lo mismo desde el ángulo contrario. El Gobierno acusa al juez de avasallar potestades del Poder Ejecutivo y de la propia Corte, al dejar sin efecto el juramento que ésta le tomó a García Mansilla.

Es más, el escrito al que accedió este diario --que firman el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, el subprocurador, Julio Comadira, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, Nicolás Olivari-- sostiene que la Corte Suprema, al hacer jurar a García Mansilla reconoce "la legitimidad", "la validez y la eficacia" del decreto de designaciones en comisión dictado por Javier Milei. Da por hecho que el tribunal comparte la interpretación del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que para el Gobierno incluye a jueces y juezas al decir que el Poder Ejecutivo puede "llenar las vacantes de los empleos que requieren el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión".

El razonamiento es que si al momento de la asunción en presencia de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no se planteó "reserva alguna", es porque el tribunal "ha ponderado previamente la constitucionalidad y razonabilidad de esta norma". "Lo contrario implicaría suponer una grave imprevisión y negligencia por parte de la Corte, lo cual resulta inaceptable", señala el escrito. "De haber existido una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, como pregona el Juez de grado, la Corte Suprema no le habría tomado juramento con la premura con que lo hizo", presupone. Vale recordar que el acto, el 27 de febrero último, fue secreto, ante los jueces, secretarios y el viceministro de justicia Sebastián Amerio. Solo trascendió mientras sucedía. García Mansilla no invitó ni a al familia.

Como explicó Página/12 en su edición del sábado último, en la acordada donde le rechazan la licencia al juez Lijo, los supremos aclararon que no estaban emitiendo "juicio alguno sobre la validez y el alcance del decreto n° 137/2025".

El per saltum cuestiona que la cautelar de Ramos Padilla no cumple con los requisitos de acreditar "la verosimilitud del derecho" (en este caso serían las altas posibilidades de que el decreto sea inconstitucional) y el "peligro en la demora" (es decir, que si García Mansilla sigue actuando como juez eso tendrá efectos irremediables). El juez de La Plata da sus argumentos, pero al Gobierno no le agradan. Le atribuye al magistrado haber asumido un "rol político" porque fundamentó que "la incapacidad del gobierno para obtener" "acuerdos políticos" "no puede convertirse en justificación válida para eludir la actuación del Senado y nombrar candidatos de manera unilateral". "La Constitución Nacional no previó un mecanismo de excepción para solucionar la falta de consensos entre el Poder Ejecutivo y el Senado", dijo Ramos Padilla.

La presentación de la Casa Rosada dice algo diametralmente opuesto e inventa un concepto, que no es constitucional: que el Ejecutivo puede "cubrir transitoriamente las y garantizar el funcionamiento del servicio de justicia, especialmente ante la demora o falta de acuerdo en el Senado".

La semana pasada más de 50 profesores de derecho, académicos y juristas de un variado arco ideológico, algunos de ellos integrantes del Poder Judicial, pidieron que ante el rechazo del Senado García Mansilla renuncie, ya que no se cumple el requisito del acuerdo que exige la Constitución. Lo mismo pidió el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que conduce Ricardo Gil Lavedra. Pero el gobierno libertario insiste en aplicar su interpretación acomodada de la ley y ahora se juega una pulseada con la propia Corte Suprema.

Lunes, 7 de abril de 2025